El Tribunal de Cuentas abre juicio por un descubierto de 212.400 euros en la Junta de Sámano

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto juicio por el posible descubierto producido en los fondos públicos, por valor de 212.464 euros, como consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión económico-financiera de la Junta Vecinal de Sámano.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el edicto en el que se da cuenta de una providencia dictada el 27 de enero por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por la que se abre el plazo de nueve días para la personación de las partes.

El proceso del Tribunal de Cuentas es independiente del que sigue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Castro Urdiales, en el que se imputan al exalcalde de Sámano por el PSOE, Javier Eguren, sendos delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como un delito de falsedad documental.

El Juzgado de Primera Instancia, que cuantifica la malversación en 202.000 euros, imputa también a Ignacio Berriolope, vocal del PSOE y tesorero de la Junta Vecinal, y a la esposa de Eguren, Sánchez Tobalina, como inductores y cooperadores necesarios.

Según se desprende del auto, Eguren (que tras abandonar el PSOE se presentó a la Junta Vecinal de Sámano por el PRC en las últimas elecciones), se "lucró" durante su mandato en la anterior legislatura a costa de fondos públicos mediante tres vías.

La primera de ellas ordenando verbalmente a la gestoría incrementar su nómina sin justificación alguna y muy por encima de lo aprobado en los presupuestos, lo que le reportó 20.340 euros adicionales; la segunda utilizando dinero público para uso particular propio o de su mujer en comidas (37.143 euros), cestas de Navidad (10.036 euros); dispositivos electrónicos y ordenadores (8.893 euros); y varios productos comprados en centros comerciales con cargo a la tarjeta de crédito de la junta (6.370 euros).

Y la tercera, contratando a nombre de la junta un teléfono móvil para su cónyuge, que acumuló un gasto de 10.963 euros, y autorizando el uso de otros dos a personas ajenas a la junta, cuyas facturas sumaron 4.465 euros.

Además, según el juez Luis Acayro Sánchez, Eguren también habría incurrido en prevaricación administrativa por adjudicar contratos al margen de la legalidad para justificar la subvención nominativa de 913.000 euros que la Junta Vecinal recibió en mayo de 2008 para inversiones, mediante adjudicación directa y fraccionamiento "artificioso y sucesivo" para que tuvieran apariencia de contratos menores. Además, algunos contratos no tenían nada que ver con la subvención recibida ni se ha realizado la justificación preceptiva.