La empresa autora del proyecto elaboró unos planos que excedían las previsiones del Plan General
SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la petición de la constructora Bifamiliares y Adosados Castreños de que se le indemnizara por el derribo de dos viviendas unifamiliares en la zona de La Loma, en Castro Urdiales.
En concreto, la empresa reclamaba 725.021 euros por la demolición de dos edificaciones.
Pero los tribunales ya habían rechazado su petición en primera instancia, al entender que lo que se anularon no fueron las licencias de construcción de las viviendas, sino los instrumentos de desarrollo urbanístico que fueron "incorrectamente" grafiados por la empresa, en colaboración con otra, Dirsur (la autora del excediéndose de los límites previstos en el PGOU.
Esas viviendas se levantaron al amparo del proyecto de compensación de una parte del SUNP 3, en La Loma --la misma sobre la que se instruyeron las diligencias judiciales que llevaron al excalde, Fernando Muguruza, a prisión provisional, en un proceso cuya instrucción ya ha finalizado y que está pendiente de la celebración del juicio--.
Contra la emisión de las licencias, en 2002, presentó un recurso un particular, que criticaba que se habían concedido en suelo rústico. aunque fue desestimada por el Ayuntamiento. Esto le hizo acudir a los tribunales, que le dieron la razón.
El suelo afectado, por una extensión de 3.612 metros cuadrados, correspondía a 16 solares, ocho de ellos propiedad de la empresa, con la previsión de 28 inmuebles. Dos de ellas, las ya ejecutadas --el resto tenía licencia, pero no se llegaron a construir--, son a las que se refería ya la primera resolución judicial.
Esa primera sentencia establecía que Bifamiliares, junto a otra constructora, Disur, confeccionó un estudio de detalle que "confundió" al Ayuntamiento de Castro Urdiales, por lo que las consecuencias de la demolición son responsabilidad de ella, que asumió la construcción de las viviendas "a su riesgo y ventura".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC confirma esa fallo y reprocha a la empresa que tratara de desviar la responsabilidad a Dirsur, autora del PGOU, pues quien hizo los planes fue Bifamiliares.
