El sindicato considera "tergiversados" los argumentos esgrimidos para justificar una medida que "viola claramente derechos humanos"
SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria ha rechazado que las medidas urgentes para garantizar, supuestamente, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud excluyan la atención sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular y "acaben con la propia universalidad del sistema sanitario".
En su comunicado, UGT reprueba que con esta medida, el Gobierno del PP "culpabilice" del gasto sanitario a los extranjeros en situación irregular, y "lo haga sorprendentemente sin insistir en cifras concretas de cuántos son en realidad, tal y como hacía este partido político en la oposición cuando criticaba los proceso de regularización".
En este sentido, recalca que si se siguieran los métodos de calculo manejados habitualmente por el Gobierno, la cifra de inmigrantes sin papeles ascendería a "poco más de 150.000 en España" y "unos 800 en Cantabria" según estas estimaciones oficiales, "lo que de por sí evidenciaría la perversión del argumento que justifica esta intolerable medida destinada a un restringido número de inmigrantes".
UGT critica también la decisión del Gobierno regional de "dar un paso más en esta carrera injustificada hacia la violación de derechos humanos, al adelantar la retirada de asistencia sanitaria a la aprobación del decreto que la regulará".
El sindicato cuestiona la legalidad de la decisión anunciada por el Ejecutivo autónomo y considera que "interfiere claramente las competencias del Estado por ser derecho reservado", por lo que insta a la Consejería de Sanidad a "rectificar de inmediato y no asustar a la población", diciendo que las tarjetas sanitarias tardan más de tres meses en gestionarse.
NI "ABUSO", NI "USO FRAUDULENTO"
UGT insiste en desmentir los argumentos esgrimidos por el Gobierno del Estado para suprimir la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y algunos términos reiteradamente utilizados para ello, como "abuso", "uso fraudulento" o "turismo sanitario".
En este sentido, puntualiza que, para empezar, el Gobierno asienta su decisión en una "clara tergiversación" de un informe del Tribunal de Cuentas de 2009 sobre aplicación de reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social porque en él "para nada se recomienda la eliminación de derechos como se pretende hacer creer".
"El Tribunal de Cuentas no insta en ese informe a excluir a nadie de la asistencia sanitaria sino que aclara que el Gobierno español lo que tiene que hacer es reclamar el coste de la asistencia sanitaria prestada a los extranjeros residentes o desplazados temporalmente a sus países de origen o donde estén asegurados", recalca UGT.
El sindicato subraya que "no existe turismo sanitario, lo que existe es dejadez de las distintas administraciones públicas españolas, la estatal y las comunidades autónomas, en facturar a quien corresponde la atención sanitaria prestada, reclamar las cuantías correspondientes y luego destinarlas a financiar el servicio prestado y no a otra cosa".
En este sentido, recuerda a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que en contra de sus declaraciones públicas, para esto "no hace falta cambio normativo alguno", porque el sistema de facturación entre países ya está establecido en los reglamentos comunitarios, "otra cosa es que las propias administraciones públicas no lo utilicen correctamente porque no saben o no quieren".
Por último, critica que el Ministerio de Sanidad, encargado de velar por la prevención y la promoción de la salud, remite a estos inmigrantes a los servicios de urgencia, "ignorando" que la propia salud pública exige que toda la población tenga posibilidad de acceder a la protección de la salud, esto es, tanto a la asistencia primaria y especializada como a la prestación farmacéutica.
Tampoco "es aceptable", a su juicio, la "ocurrencia" de la ministra de de cubrir las necesidades sanitarias de estos inmigrantes con las ONG, "lo que no dejaría de ser un salto atrás en el tiempo, el retroceso a la beneficencia que sustituye derechos por caridad", concluye.
