SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
La profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Carmen González Enríquez, instó hoy a "mejorar la coordinación" entre las distintas comunidades autónomas, puesto que "existe un grave problema de gobernabilidad" en lo que se refiere a extranjeros e inmigrantes atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
"De la presencia de extranjeros no hay números, no sabemos cuántos tienen tarjeta sanitaria" y "qué uso se hace de ella", explicó en rueda de prensa con motivo de su participación en el seminario 'El futuro del Sistema Nacional de Salud y los nuevos estatutos de autonomía' de la UIMP, en la que participaron también el ex ministro de Sanidad Julián García Vargas y José Ramón Repullo, del Instituto de Salud Carlos III.
Al respecto, la experta señaló que el Sistema Nacional de Salud, que es "el de acceso más fácil y garantizado para todo el mundo de Europa", se ha convertido en "un factor de atracción de población extranjera", que ha comenzado a realizar "turismo sanitario" e "inmigración sanitaria".
De este modo, hay "personas procedentes de otros países que vienen a España a realizar tratamientos médicos o pruebas que no son gratuitas en sus países, especialmente las más caras y las que necesitan de tecnología reciente", cosa que hacen a través del turismo o de la inmigración.
El gasto sanitario se ve incrementado, además, por la "importante bolsa de jubilados europeos que vive de forma permanente en España pero que no tienen transferidas sus pensiones", con lo que "no cubren los gastos que generan". "Todas estas cosas unidas suponen una importante carga financiera extra del sistema sanitario", indicó.
Al respecto, esta experta afirmó que "hay casos extremos, como el de la Comunidad Valenciana, donde se junta todo a la vez: hay inmigración, turismo de corto plazo y también una importantísima población estable jubilada de otros países" y del gasto que genera todo ello, "España recupera una parte minúscula".
La razón de todo ello es que no se han establecido mecanismos de recogida de datos que se centralicen de algún modo para, posteriormente, reclamar a la Unión Europea, en su caso, los costes que haya generado la atención de pacientes comunitarios.
"En este momento el sistema depende únicamente de la buena voluntad de las comunidades autónomas para hacerse de una información básica", dijo la experta, que consideró que "esto no debería ser así, esta información tendría que estar disponible y tendría que poder ser examinada por cualquier ciudadano en cualquier punto del estado español o por cualquier investigador", concluyó.