Afirma que el abogado "no puede tener patente de corso" en la aplicación del secreto profesional SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) - El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Alberto Zaragoza Aguado, consideró hoy en Santander que "particularmente" los tribunales "siempre son benevolentes con las infracciones de carácter económico", a su entender, "como si el patrimonio fuera el bien más preciado a proteger". Zaragoza Aguado, quien intervino en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre delitos económicos, señaló en este sentido que los tribunales "por esas razones de benevolencia o de piedad", en algunas ocasiones, "han considerado delitos imprudentes" conductas más graves y "que son clara y manifiestamente dolosas". A modo de ejemplo, aludió a algunos casos de personas que "acuden a un banco con un documento de identidad falso" y aseguró que, "cuando se hace esto, y se oculta la identidad, es porque se sabe que el dinero que se cambia tiene un origen ilícito". "Si no, no se ocultaría la identidad", señaló el fiscal jefe de la AN, quien subrayó que ése "es un dato terrorífico y suficiente, de una potencia incriminatoria aplastante". Así, a su entender, "quien participa activa e intencionadamente" de ese tipo de acciones "es consciente de la ilegalidad de lo que está haciendo" y del origen ilegal de los fondos. ABOGADOS Y SECRETO PROFESIONAL Por otro lado, Zaragoza Aguado, destacó que la ley ha "delimitado" de forma "clara" y "precisa" cuál es el ámbito del secreto profesional de los abogados. En este sentido, criticó que "ha sido necesaria" que la legislación "explicara esto" para que "de una vez por todas" este colectivo "limitara" la alegación del secreto profesional a las "verdaderas cuestiones para las que se creó". De este modo, agregó que "tradicionalmente" los abogados han tenido "una visión muy amplia" del secreto profesional, "y han tratado de trasladarlo" a actividades en las que "legalmente no eran aplicables". A este respecto, aludió a temas de constitución de sociedades, intermediación financiera o asesoramiento económico que, a su entender, "no son funciones propias del abogado", sino que "las pueden hacer cualquiera". Por ello, enfatizó que el abogado "no puede ser alguien que tenga una patente de corso para hacer eso, en perjuicio de cualquier otro ciudadano". Como contrapartida, para el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que antes estuvo al frente de la Fiscalía Antidroga, los notarios sí han asumido sus obligaciones en materia de blanqueo de capitales. A su juicio, la creación del Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitakes (OCP) está "facilitando" esta cuestión. No obstante, para la prevención de delitos económicos, consideró que, en ocasiones, y salvo en lo que se refiere a "casos muy claros" y "flagrantes", quizás "lo más lógico" y "lo mejor" para "garantizar el éxito" de una "investigación posterior" sería "no abstenerse" de ejecutar las operaciones con indicios de ilegalidad, "y a continuación comunicar" ésta a los organismos intermediarios o a las autoridades judiciales o policiales.
