Considera "anticonstitucional" que sólo UGT, CC.OO. y CEOE puedan debatir los problemas que afectan a todos los trabajadores
SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato USO está estudiando la posibilidad de recurrir la Ley de Participación Institucional que acaba de aprobar esta semana el Parlamento cántabro con la que, a su juicio, el Gobierno regional pretende "seguir conviviendo en perfecta armonía con aquellos sindicatos y organizaciones empresariales que le son fieles", "excluyendo" a todos los demás de los foros de debate.
Desde su punto de vista, es "anticonstitucional" que solamente tres organizaciones (UGT, CC.OO. y CEOE-Cepyme) puedan debatir con el Gobierno de Cantabria las soluciones y medidas frente a problemas que afectan a todos los trabajadores de la región.
Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el secretario general de USO, Miguel Ángel González Colsa, y el secretario de Acción Sindical, Agustín Herrera, quienes criticaron esta nueva ley, no sólo por la nueva representatividad que establece, sino también por la financiación que aportará a esas tres organizaciones.
En palabras de Herrera, el texto "consolida el bisindicalismo" y con él, el Gobierno "se garantiza la paz social mediante el pago de cantidades importantes" de dinero.
González Colsa y Herrera criticaron que con esta ley se eleva del 5 al 15 por ciento la representación mínima exigida a las organizaciones sindicales y empresariales, algo que consideran "excesivo" y que, en la práctica, va a suponer la salida de USO y también del sindicato CSI-F del Consejo Económico y Social (CES).
Pero además, les preocupa que en el futuro esto se extienda a otros foros de debate, ya que la ley define el marco general y vaticinan una "rápida extensión" a otras mesas de negociación. Y en ese caso, habría más sindicatos afectados, según comentó Herrera.
González Colsa denunció que "detrás" de esta normativa lo que se "esconde" es un intento de "monopolizar la representación institucional" de UGT, CC.OO. y CEOE, "excluyendo a todos los demás agentes sociales" de foros en los que se abordan asuntos de vital importancia.
Por ello, el sindicato baraja la posibilidad de interponer un recurso contra la ley. De hecho, el secretario general aseguró que existe jurisprudencia en otras regiones según la cual en estos ámbitos se debe dar audiencia a organizaciones y sindicatos representativos y son suficiente y notoria presencia, mientras que en la Ley cántabra sólo se habla de los "más representativos", algo que, en su opinión, podría vulnerar principios legales.
USO cuenta con una representación en la región del 7,45 por ciento y, sumada por ejemplo a la de CSI-F, superarían entre ambos el 15 por ciento estipulado ahora como mínimo. Por tanto, en el sindicato consideran "ilógico" que los representantes de un 15 por ciento de los trabajadores cántabros queden "excluidos" de los foros de debate.
El responsable de Acción Sindical recalcó que tienen "representación suficiente" y dejó claro que quieren participar en la Concertación Social, no para llevarse "la pasta", sino porque tienen "ideas y proyectos".
FINANCIACIÓN SINDICAL
En este sentido, subrayó que USO aboga por un modelo sindical basado en la "auto financiación de las organizaciones" porque los sindicatos "no pueden estar al albur del Gobierno de turno para aplaudir o incluso maquillar las malas políticas".
Por ello, fue especialmente crítico con la financiación que establece la Ley de Participación Institucional. Según dijo, en el año 2008 UGT, CC.OO. y CEOE-Cepyme recibieron 6 millones de euros del Gobierno regional, una cantidad que, a su juicio, se duplicará ahora, porque los presupuestos regionales incluirán partidas específicas para subvencionarles que se añadirán a las que les corresponde del reparto de otras partidas ya existentes.
Para Herrera es algo "vergonzoso", máxime en un contexto de crisis en el que el mercado de trabajo cántabro y el sector industrial atraviesan una situación "preocupante" y la Consejería de Empleo y Bienestar Social "no está a la altura de las circunstancia".
