TSJC multa con 200? a consejero de Urbanismo por retraso en pago de daños morales a afectados por derribos

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha impuesto una multa coercitiva de 200 euros al consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, por retrasarse en el pago de aproximadamente 150.000 euros por los daños morales a varios afectados por la sentencia de derribo de la urbanización La Arena, en Arnuero.

Así lo dado a conocer el diputado socialista Miguel Ángel Palacio en el Pleno de este lunes y posteriormente lo ha confirmado Fernández, que ha explicado que, en 2005, la Sala de lo Contencioso resolvió que, del total de afectados por esa sentencia no tenían derecho a cobrar indemnización por daños morales aquellos que tenían contratos de permuta --de terrenos por viviendas-- posteriores a la sentencia, que data de 1994.

Según ha explicado, en 2010 el Gobierno de Cantabria acabó de pagar todas las indemnizaciones por daños morales a todos los afectados que, según había fijado la Sala eN 2005, sí tenían derecho.

Sin embargo, en enero de 2013, la Sala "rompió", según Fernández, el criterio que había mantenido y reconoció el derecho a cobrar por este concepto a seis afectados que en un primer momento se consideró que no debían ser indemnizados.

Según Fernández, esta media docena de afectados tenía contrato de permuta anterior a la sentencia de La Arena, si bien éstos habían sido precisados y concretados tras la sentencia de 1994 que declaraba la nulidad de la licencia de la urbanización.

Cuando el consejero conoce este nuevo auto --que según ha reconocido le resulta "sorprendente" pues reconoce el derecho de unos afectados frente a otros en la misma situación-- habló con los servicios jurídicos sobre la interposición de un recurso contra la resolución.

Sin embargo, días después Fernández conoció que los servicios jurídicos, en lugar del recurso, presentaron un incidente de ejecución y ordenó inciar el proceso de consignación judicial de los 150.000 euros.

A los "dos o tres días" de registrarse el incidente de ejecución, la Sala lo resolvió, no admitiendo las alegaciones del Gobierno regional que veían un "error" la decisión del TSJC de reconocer los derechos de unos afectados frente a otros en la misma situación, e impuso al consejero la multa coercitiva de 200 euros mensuales hasta que se les pagase los daños morales a los afectados.

Tras la resolución del incidente de ejecución, el consejero pagó los daños morales a los afectados y sólo ha tenido que hacer frente a una mensualidad de la multa.

Después de esto, el consejero ha interpuesto un recurso personal contra la decisión de la Sala mientras que el Gobierno regional, por su parte, recurrirá el fondo del asunto ante el Tribunal Supremo pues, a su juicio, abre la puerta a que estos afectados puedan reclamar, además de indemnización por daños morales, también por materiales.

Fernández ha explicado que no cumplió inmediatamente la orden de la Sala de pagar los daños morales a los afectados porque antes quería una aclaración por parte de la Sala y ha defendido que no se iba a pagar "ni un sólo euro" de los cántabros que, posteriormente, costase recuperar. Así, ha asegurado que ha pagado la multa "gustoso" y con "resignación" si ha servido para garantizar un dinero de los cántabros.

Por su parte, Palacio ha asegurado que Fernández "ha hecho todo lo posible para que no se enterase nadie" de la multa, "cargándose", a su juicio, la "transparencia" que defiende el actual Gobierno regional.

El diputado socialista ha subrayado que después de que el consejero prometiera colaborar con la Justicia en la ejecución de las sentencias y, a la vez, defender los derechos de los afectados ha sido multado por, precisamente, hacer lo contrario.

EDUCACIÓN E I+D

Otro de los consejeros que ha tenido que responder en el Pleno del Parlamento a las preguntas de la oposición ha sido el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, quien ha sido cuestionado por el PRC sobre la anulación de la convocatoria de las becas para estudiantes de Secundaria y Bachillerato para estudiar en el extranjero.

Serna ha achacado la decisión de la Consejería a la "falta de disponibilidad económica" para pagar las becas y ha defendido, frente a esa fórmula para aprender idiomas, el programa de inmersión lingüística puesto en marcha por el Ejecutivo regional pues beneficia a todos los alumnos en lugar de a personas individuales con disponibilidad de recursos para estudiar fuera.

Además, Serna también ha sido cuestionado por el PRC sobre los recortes en I+D+i que, según los regionalistas, "amenazan el empleo de los investigadores" de la Universidad de Cantabria, sobre los que el titular de Educación ha señalado que la financiación de la I+D "no depende de lo que pueda aportar" la comunidad autónoma, sino de la financiación competitiva, los créditos europeos y los contratos de investigación con las empresas.

Quien también ha hablado de I+D y ha defendido la gestión del Ejecutivo regional en esta materia ha sido el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, a preguntas del diputado socialista Juan Guimerans.