TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS)
El ex secretario-interventor del Ayuntamiento de Huecas (Toledo), Carlos Bernardo C.C., de 43 años, acusado de malversar fondos del Consistorio entre los años 1996 y 2001, durante los que se apropió, presuntamente, de algo más de 49.000 euros, reconoció hoy la existencia de "algunas irregularidades contables" o de impresión, pero no suyas.
Así lo declaró durante la vista oral con jurado popular que se inició en la Audiencia Provincial, donde el imputado mostró su disconformidad con los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, que lo acusa también de un delito de falsificación de documentos mercantiles y solicita una pena total de ocho años de prisión, la inhabilitación en el cargo por 20 años y el pago de una indemnización de 41.071 euros.
Según relató el acusado, durante esos años, el dinero que estuvo cobrando correspondía con la asignación de productividad que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le reconoció en diciembre de 1995 y que, según estableció la Junta de Comunidades y ratificó posteriormente el Pleno del Ayuntamiento de Huecas, ascendía a entre 2.400.000 y 2.600.000 euros.
Preguntado por el hecho de que, tras cobrar esa cantidad, siguiera desviando dinero a dos cuentas particulares, a través de cheques nominativos que, previamente, manipulaba; apropiándose de pagos de licencias de obras, o cobrando las nóminas municipales en cantidades brutas, respondió que esas cantidades eran la que tenía derecho a cobrar.
Indicó que los cheques, de los que, supuestamente, borraba los nombres de los beneficiaros para cambiarlos por el suyo y aumentaba las cantidades, eran por pagos "convenidos y establecidos" de los que no dio explicaciones, pero que justificó en los trabajos que realizaba en el Ayuntamiento y que eran "muchas otras labores" como hacer fotocopias y atender las llamadas telefónicas, además de las propias.
HABERES ATRASADOS.
En este sentido, el ex secretario-interventor del Consistorio de Huecas, quien también habló de "errores de impresión" y de dos personas más que se encargaban de hacer los pagos en el Ayuntamiento, apuntó que su despacho no estaba "bajo llave" por lo que una tercera podría haber entrado allí y alterar los cheques.
Carlos Bernardo C.C. aseveró que tanto el entonces alcalde, Miguel Ángel Lorente, como el tesorero, Rodolfo Félix López, tenían conocimientos de que él cobraba determinadas cantidades por "haberes atrasados", pero no dio explicaciones, preguntado por la Acusación particular, de por qué se eligió este procedimiento que, como reconoció el imputado, podría ser discutible.
Cuando llegó el nuevo equipo de Gobierno tras las elecciones de 1999, se le comunicó la supresión del complemento de productividad, decisión que recurrió de nuevo y ganó. A partir de septiembre de 2001 y hasta marzo de 2004, el acusado, tal y como apuntó, fue cesado en el cargo y suspendido, a pesar de lo cual continuó cobrando el 70 por ciento de su sueldo. En el año 2000, el Tribunal de Cuentas pidió las de los años 1996 y 1997 al Consistorio, condenando a Carlos Bernardo C.C. al pago de más de 18.000 euros por las irregularidades detectadas.
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