CIUDAD REAL, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los seis miembros de una presunta banda de narcotraficantes acusados de cortar y distribuir cocaína desde un laboratorio clandestino en una finca perteneciente al término municipal Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han negado su implicación en los hechos por los que se les está juzgando en la Audiencia provincial.
Unos hechos para los que la Fiscalía solicita un total de 68 años de prisión, concretamente desde los 14 años que pide para el cabecilla, J.R.P.V., 12 para E.A.P.M., A.G.C., E.B.A., y nueve para R.B.B. y J.F.R.
Después de reproducir parte de las conversaciones telefónicas interceptadas por los investigadores, el primero en declarar ha sido J.R.P.V, el que es considerado como presunto cabecilla de la banda, que aunque ha admitido responder a las preguntas de la sala, su declaración se ha limitado a negar todos los hechos por los que se sienta en el banquillo.
Sólo ha admitido conocer a su hijo y a su nuera, que también están acusados de pertenecer a la banda, pero ha negado su vinculación con el resto, la actividad ilícita por la que se le está juzgando y haber estado alguna vez en Alcázar de San Juan. Ha justificado su nivel económico en la empresa de maquinaria pesada que regenta.
El resto de acusados, a excepción de la nuera del cabecilla, sólo han contestado a las preguntas de sus abogados para desvincularse con cualquier actividad relacionada con el narcotráfico, e incluso uno de ellos, el que supuestamente firmó el contrato de arrendamiento de la finca, ha alegado que se encontraba fuera de España en el momento en el que se sitúa la investigación.
También se ha desvinculado de todos los hechos un empresario alcazareño, que también está acusado, afirmando que se limitó a alquilar la finca por Internet y ha reconocido a dos de los acusados como los que se la arrendaron, pero que gestiona más inmuebles y desconoce a qué se dedicaban estas personas. Ha añadido que la mitad de la veces que iban a pagar a su oficina, él "ni siguiera estaba" porque también desarrolla actividades como comercial de productos agroalimentarios.
Por su parte, la Fiscalía considera que todos son coautores, y que todos tenían una misión dentro de la organización desde "arriba hacia abajo" y entiende que "no hay desconocimiento de los hechos por ninguno de ellos".
La vista continúa este miércoles con las declaraciones de los investigadores de la UDYCO Central-Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía.
LOS HECHOS
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos que se enjuician parten de las investigaciones que, a finales de septiembre de 2015, iniciaron agentes de la UDYCO Central-Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía cuando detectaron que se estaban introduciendo importantes cantidades de productos químicos --utilizados normalmente en laboratorios clandestinos de extracción, síntesis, elaboración, procesamiento y corte de cocaína--, en una finca rural a las afueras de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
El lugar localizado por los investigadores estaba rodeado por terrenos agrícolas, con muy poco tránsito y apenas vecinos próximos. Además, el perímetro se encontraba delimitado por un vallado que impedía el acceso y que dificultaba la visión del interior.
Tras meses de investigaciones _en los que se descubrió que para transportar el estupefaciente utilizaban vehículos "caleteados" que ocultaban en garajes de Madrid hasta el momento de ser utilizados_, en junio de 2016 finalmente se desarrolló un dispositivo detener a los seis acusados que ahora se sientan en el banquillo, llevado a cabo con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
'ZULO' BAJO LA FINCA
Una vez localizado este enclave, los agentes investigaron a las personas que entraban y salían de la finca. Estas indagaciones permitieron a los policías comprobar que los integrantes de la organización, residentes en su mayoría en la Comunidad de Madrid, se dedicaban a la venta de importantes cantidades de estupefacientes.
Los seis acusados utilizaban un 'zulo' excavado bajo tierra para ocultar los productos químicos y todo el material necesario para la elaboración de la droga, lugar en el que los investigadores encontraron abundante material necesario para la elaboración de la droga y 1.000 litros de precursores, sustancias sintéticas y varios vehículos.
En el interior de la finca donde tenían instalado el laboratorio se comprobó que los arrestados, con anterioridad, habían intervenido en el aeropuerto de Alicante 327.500 euros a otro miembro de la organización cuando regresaba a España procedente de Rotterdam (Países Bajos). Solo tres de los acusados --E.A.P.M., A.G.C., E.B.A-- permanecen en prisión desde el 23 de junio de 2016, mientras que el presunto cabecilla --J.R.P.V-- entró en prisión en esa misma fecha pero salió el 22 de mayo de 2017.
