TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los siete acusados de sendos delitos contra la salud pública al ser sorprendidos a la altura de Ugena (Toledo), en el marco de una operación nacional, con 1.904 kilos de cocaína procedente de Sudamérica, reconocieron hoy los hechos y el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones, al no aplicar la agravante de organización, rebajando así sus penas de cárcel.
Durante el juicio que se celebró hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Toledo, y en el que las partes interesadas llegaron a un acuerdo, los siete acusados se adhirieron a los hechos relatados en el escrito del Ministerio Fiscal; causa por la cual, esta parte consideró innecesario llevar a cabo las pruebas testificales y solicitó concluir el juicio.
De este modo, modificó sus conclusiones y rebajó las penas de cárcel de los acusados a la mitad, por lo que pidió una pena de nueve años y un mes de prisión para José Carmelo A.A, y Miguel Ángel G.P., frente a los 18 a los que se enfrentaban en un principio.
Igualmente, pidió una pena de ocho años de prisión para José P.G frente a los 16 años a los que se enfrentaba inicialmente; y siete años y seis meses de prisión para Juan C.B., que también se enfrentaba a una pena de 16 años.
Finalmente, pidió una pena de cuatro años y cinco meses de prisión para Francisco Javier B.R, Joaquín José M.D.P y Ventura S.D.S., frente a los 16 años a los que se enfrentaba el primero de ellos y los once años a los que se enfrentaban los dos segundos.
En cuanto a las multas impuestas a los acusados, una de las abogadas de la defensa, Julia Clavero, señaló, en declaraciones a los medios una vez concluido el juicio, que han sido 200 millones de euros para los cuatro primeros acusados y de aproximadamente 62 millones de euros para los tres últimos.
HECHOS
Los hechos ocurrieron como consecuencia de las investigaciones realizadas en colaboración con el Grupo 12 de la Brigada Central de Estupefacientes dependiente de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, y conocimiento de la existencia de un grupo de personas que introducía en territorio español importantes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica, mediante la importación de ron.
Este grupo estaba encabezado por José Carmelo A.A., encargado de organizar los viajes a Venezuela, y Miguel Ángel G.P., que tenía a su cargo organizar la llegada de la droga a España y controlar personalmente el almacenamiento, ocultación y destino de la mercancía.
El grupo estaba formado por ellos dos y por José P.G., Juan C.B., y el abogado Francisco Javier B.R. y de forma ocasional y transitoria se unieron al grupo los portugueses Ventura S.D.S. y Joaquín José M.D.P. El modus operandi consistía en utilizar la empresa portuguesa Compañía Productora de Conservas Alimentarias S.A. para dar cobertura legal a las importaciones de ron en las que venía camuflada la sustancia.
El día 30 de junio de 2006 llegó al puerto de Barcelona el buque Cale Pino, procedente de Venezuela transportando 680 cajas con un total de 8160 botellas de ron, supuestamente de las marcas Santa Teresa Suprema y Santa Teresa Gran Reserva, con la sustancia oculta en el interior.
Por parte de la policía judicial se estableció un dispositivo ininterrumpido de vigilancia tanto sobre el almacén situado en el polígono industrial La Frontera de Ugena (Toledo), que había sido alquilado en julio por uno de los acusados; como sobre el Hotel Zanit Abeba de Madrid, donde residían esos días cuatro de los acusados, y sobre un parking de Alovera (Guadalajara).
El día 4 de septiembre de 2006, un camión accedió a uno de los muelles del polígono industrial Miralcampo de Azuqueca de Henares, donde supuestamente se iba a descargar el ron, tras lo cual cerró sus puertas y se dirigió, junto a los acusados, hasta el polígono de Ugena, donde todos fueron detenidos, y donde se intervino la mercancía que seguía llevando el camión.
En el interior de las cajas de las botellas de ron se encontraban 1.898 paquetes, protegidos por una envoltura de caucho negro, con una pegatina adherida con el indicativo CW y cuyo contenido, una sustancia blanca, figuraba troquelado en seco con las siglas T.L.C. Sustancia, que tras su examen y análisis resultó ser 1.904,38 kilos de cocaína, que podría haber alcanzado en el mercado ilícito la cantidad de 62.993.081 euros, si la distribución se hubiese realizado por kilos.
En registros posteriores, a los acusados se les intervino diversa documentación, como el recibo del pago del alquiler de la nave de Ugena, y 7.550 euros, productos y efectos relacionados y procedentes del tráfico de drogas y diversos teléfonos móviles. También fueron intervenidos tres turismos, una cabeza tractora y un remolque, ambos utilizados para el tráfico de la droga.
