Adjudicatarios de Vega Baja piden la declaración inmediata de la zona como BIC si la Junta quiere entrar en sus parcelas

TOLEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS)

Los adjudicatarios de parcelas de la Vega Baja de Toledo solicitaron hoy una declaración previa de la zona como Bien de Interés Cultural o la inclusión de los restos aparecidos en esos terrenos en el inventario general, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico Español, si la Junta quiere entrar en sus parcelas, ya que, de lo contrario, "no vamos a permitir que entre nadie".

Así lo confesó hoy uno de los adjudicatarios y presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Ángel Nicolás, quien exigió un "acto administrativo" ajustado a la ley "de forma inmediata" por parte del Gobierno regional --que ya "va tarde para hacerlo"-- que es lo que requiere "un hecho tan grave" como el anuncio de la paralización del proyecto urbanístico previsto en la zona.

Nicolás, que arremetió contra la actuación del Ejecutivo autónomo en este asunto, se mostró convencido de que el tema de la Vega Baja terminará en los tribunales y anunció, al respecto, que los once adjudicatarios --entre los que se encuentran tres cooperativas-- están seleccionando entre cuatro bufetes de prestigio internacional su asesoramiento legal.

Adelantó que el próximo día 7 de septiembre finaliza su relación mercantil con la empresa Vega Baja S.A. y, si no se les entregan las parcelas, iniciarán las "acciones oportunas" de caracter legal contra la empresa municipal y contra la Junta de Comunidades si no realiza esa declaración de la zona como BIC o incluye los restos aparecidos en el inventario general.

NI LA JUNTA NI LA GUARDIA CIVIL.

Insistió en que si no se atiene a la Ley, ni el Gobierno regional "ni la Guardia Civil" entrará en sus parcelas, en las que, no obstante, están dispuestos a llevar a cabo trabajos de protección de los restos aparecidos, en función de lo que digan los arqueólogos que ellos mismos han contratado, de acuerdo a las instrucciones que reciban de la Dirección General de Patrimonio.

En este punto, aludió a la "repercusión directa" que tendrá paralizar la construcción de más de 2.000 viviendas --a las 1.300 de la Vega Baja se suman las proyectadas en el Circo Romano y el Cristo de la Vega-- para más de 5.000 personas que iban a vivir en la zona y a los despidos "obligados" que la paralización va a provocar, que se conocerán en su totalidad en los próximos meses de septiembre y octubre.

De otro lado, recordó a los que les critican y les acusan de ser protagonistas de un "pelotazo urbanístico", como el edil de IU en el Ayuntamiento de Toledo, José Esteban Chozas --quien, a su juicio, "dice tonterías muy gordas"--, que la Vega Baja es "lo más alejado" de eso y que lo único que están haciendo como adjudicatarios es exigir "claridad administrativa".

APLICANDO LA APISONADORA.

El presidente de FEDETO rechazó que se esté intentando aplicar "una apisonadora" sobre los once adjudicatarios de Vega Baja y por eso también reclaman, como propietarios, formar parte de la Comisión Mixta Junta-Ayuntamiento creada para dar una solución a este asunto, algo que, según indicó, ya han solicitado, cuestionando que el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, como miembro de la Comisión, vaya a defender sus intereses.

Respecto a la solución que los adjudicatarios ven al conflicto creado, Nicolás defendió que se vuelva "al día anterior" a la realización del concurso público de adjudicación, con la devolución de las parcelas y del dinero invertido, unos 11.000 millones de pesetas más los gastos de estudios previos y catas.

Aseguró que la Dirección General de Patrimonio "no ha tratado a todos los propietarios igual" y desveló que mientras que la primera empresa que solicitó realizar estudios previos en las parcelas no tuvo problemas, a la segunda que lo pidió se le dijo que no, y se les instó a firmar un convenio "que contraviene todo lo que dice la ley".

Finalmente, se mostró rotundo al afirmar que "no admitirán una permuta" de terrenos en otra zona --sólo las tres cooperativas implicadas están en esa situación-- y solicitó "seriedad" a todos los implicados, teniendo en cuenta que, mientras los empresarios deben cumplir con "disciplinas legislativas profusas", cuando se trata de la administración "parece que estas garantías se las tiene que pasar por el forro de los pantalones".