TOLEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS)
Los concejales de Urbanismo, María Paz Ruiz, y el de Obras y Servicios, Javier Alonso, en el Ayuntamiento de Toledo, solicitaron hoy a la Consejería de Vivienda y Urbanismo la petición correspondiente para la tramitación del Plan de Ordenación Urbana (POM) y la propuesta de sistema de baremación mixta en la promoción de viviendas públicas en el barrio de Azucaica de Toledo.
En rueda de prensa, la concejala de Urbanismo recalcó que desde el Ayuntamiento "no hemos recibido información directa" respecto a la carencia de un estudio medioambiental en el futuro modelo urbano de la capital regional y explicó que cuando se remitió el POM a la Consejería se adjunto un anexo al estudio medioambiental.
Ruiz señaló que la Consejería de Medio Ambiente es el órgano competente para realizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por lo que dijo que "no sabemos a que se está refiriendo esa información" publicada en un medio de comunicación.
Respecto al abastecimiento de agua de las futuras viviendas, la concejala indicó que el Ayuntamiento de Toledo dispone del informe de concertación de la Dirección General de Aguas y dijo que la documentación sobre las previsiones de abastecimiento se remitió a la Consejería de Vivienda y Urbanismo.
Además, apeló a la "lealtad institucional" para la remisión de documentos entre las administraciones y requirió que la Consejería envíe sus peticiones para que se corrijan, porque "Toledo necesita tener el POM".
BAREMO MIXTO EN AZUCAICA.
Por su parte, el edil de Obras y Servicios también requirió la propuesta anunciada ayer por el consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, respecto a la constitución de un baremo mixto y de sorteo en la adjudicación de las 122 viviendas de Azucaica.
Para Alonso, el Ayuntamiento de Toledo tiene "todos los parabienes legales de que estamos actuando correctamente" en la reserva de un cupo de viviendas en el barrio toledano y se acogió a los tres informes jurídicos elaborados que defienden este asunto y que se han remitido a la Consejería.
En este sentido, explicó que los estudios corresponden a la Asociación de Promotores de Suelo Público, a los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y el último elaborado por PriceWaterhouseCooper&Landwell, calificado como "un informe de peso".
Alonso indicó que, éste último, emite un "dictamen concluyente importantísimo" donde se advierte de que a la EMV "no ha violado los elementos reglados ni los Principios Generales del Derecho". Además, contempla que la actuación de la EMV "resulta jusitificada, proporcionada y razonable".
Respecto a la postura de suspender la adjudicación de viviendas, Alonso señaló que el último dictamen establece que la competencia para el procedimiento corresponde a la Corporación local, mientras que la Comunidad Autónoma sólo se limita a la confirmación de la concurrencia sin poder afectar al desarrollo material de la construcción.