La Cámara de Cuentas aprueba el Informe sobre las cuentas anuales de las empresas del sector público regional de 2022

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha aprobado el Informe relativo al examen y comprobación de las cuentas anuales de las empresas del sector público regional del ejercicio 2022, que ha sido publicado este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

El informe aprobado incluye la revisión formal de los estados financieros e información económica y de gestión de las cuentas rendidas por las empresas públicas regionales. El objeto ha sido verificar si las mismas se adecúan a los principios, criterios y normas contables de aplicación, teniendo en consideración los resultados de otros auditores públicos y privados.

Además, el informe comprende análisis específicos en materia de disciplina presupuestaria, tesorería, sistemas, manuales y procedimientos de control interno, personal, transparencia, igualdad, integridad y medio ambiente.

Las empresas públicas regionales objeto de control han sido las ocho, en cuyo capital social la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene una participación directa o indirecta superior al cincuenta por ciento en el año 2022: Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha SA, Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha SA, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, SAU, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, SA, Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, SAU, Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, SAU y Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla-La Mancha, SA, esta última de nueva creación en el año 2022.

Las empresas públicas regionales gestionaron en 2022 un presupuesto de 201,5 millones de euros, financiado en su mayor parte con transferencias de financiación de la administración regional y organismos públicos dependientes. Todas las empresas públicas regionales tras formular, aprobar y rendir sus cuentas anuales sometieron las mismas a informes de auditoría externa, concluyendo todos ellos con opinión favorable sin salvedades, asimismo fueron sometidas a control financiero de la Intervención General.

El endeudamiento agregado del sector público empresarial en 2022 asciende a 206,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 10% respecto de 2021, representando el 1,33% del endeudamiento autonómico. La cobertura de las pérdidas globales que arroja el resultado agregado de las empresas públicas se garantizó por la administración regional a través de aportaciones anuales consignadas en los presupuestos, ha informado la Cámara en nota de prensa.

El número medio de personas empleadas en el sector público empresarial en 2022 era de 2.818,6, y un volumen de gasto agregado de 104 millones de euros. El sector público empresarial cumple con las obligaciones de suministro de información mensual del periodo medio de pago, reduciéndose respecto a 2021, si bien tres superan levemente el plazo legal de 30 días.

En general, el sector público empresarial viene cumpliendo con las obligaciones en materia de transparencia, igualdad e integridad y cuentan con un marco de control interno razonable.

CONCLUSIONES

En materia medioambiental, la mayoría manifiestan en la memoria de las cuentas anuales carecer de procedimientos específicos de control, no incluyendo gastos, provisiones o riesgos asociados a esta materia, lo cual obedece fundamentalmente a la naturaleza de su actividad, al no generar activos vinculados a la protección del medio ambiente, ni incurrir en gastos relevantes, ni asumir obligaciones o contingencias de carácter medioambiental que deban ser registradas.

El informe recoge 48 conclusiones, fruto de los trabajos realizados y once recomendaciones dirigidas a las empresas públicas fiscalizadas y a las Consejerías de adscripción.

Entre las recomendaciones formuladas destacan el desarrollo del procedimiento necesario para hacer efectiva la supervisión continua sobre el sector público empresarial, así como el impulso para que todas las empresas se doten de los correspondientes manuales de procedimiento y de sistemas de control interno, y la aprobación de un modelo de contrato de alta dirección para el sector.

Por otra parte, en materia de transparencia, se deberían reforzar los mecanismos de publicación de la información económico-financiera mediante la incorporación sistemática de formatos abiertos y reutilizables.

Por lo que respecta a la deuda comercial, algunas de las empresas públicas deberían dotarse de planes de tesorería para garantizar el cumplimiento del período medio de pago. También se recomienda reforzar la rendición de cuentas en materia de sostenibilidad medioambiental.

En el trámite de formulación de alegaciones, en general las empresas públicas han manifestado su disposición para emprender acciones correctoras y que la Cámara de Cuentas valora positivamente.