Casi 10.000 personas en C-LM conforman "la sociedad expulsada", que sufre una situación económica "muy crítica"

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi 10.000 personas conforman la denominada "sociedad expulsada" en Castilla-La Mancha, esto es, que están en una situación más crítica y no cuentan con elementos económicos compensadores que eviten el incremento de nuevas problemáticas que se acumulen a las previas, según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha, "la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 en la región".

El informe ha sido presentado por el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, Raúl Muelas, la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha, Mónica Moreno, y el técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Thomas Ubrich.

Así, la exclusión se ha ensanchado, implicando que uno de cada cuatro habitantes de la Comunidad autónoma, en torno a 479.000 personas, se encuentran en una situación de "importante desventaja".

"Más grave es el aumento del grupo de los más frágiles con un aumento del 37% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando 232.000 personas". Es decir, según este informe, "las personas en situaciones más críticas ya representan la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social", ha informado Cáritas en nota de prensa.

La desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 37%, cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008, las rentas más bajas se han reducido un 36% en tan sólo dos años de pandemia y la brecha digital afecta a 4 de cada 10 hogares en Castilla-La Mancha.

Esta crisis ha feminizado más el espacio de exclusión, ser extranjero en Castilla-La Mancha sigue suponiendo una brecha, se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente.

Durante esta crisis la precariedad ha crecido con fuerza alcanzando a más de 71.000 hogares, de los cuales el 17% sufre una falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos.

Más de 83.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, quedan en situación de pobreza severa. Asimismo, la crisis también ha pasado factura en las relaciones sociales, que han sufrido desgaste y debilitamiento.

RETOS A ABORDAR

Entre los retos a los que se enfrenta la región, el informe considera que hay que mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social.

Según datos del Ministerio, hasta septiembre del pasado año, se habían aprobado cerca de 11.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, que incluyen aproximadamente unas 29.000 personas beneficiarias, "esto supone alrededor de 1 persona beneficiaria por cada 10 personas en situación de pobreza severa en Castilla-La Mancha" (19% en España).

"Es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, en los empleos que más afectan a los sectores excluidos, empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores llamados esenciales de la limpieza, los cuidados, la hostelería y las labores agrícolas entre otros".

Deberían complementarse, asimismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.

Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados y poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha triplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres y disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital.