CCOO se opone al anteproyecto de ley de Empresa Pública de Gestión Ambiental, por no reflejar los compromisos adquiridos

Actualizado: jueves, 5 enero 2006 15:14

TOLEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS)

El secretario regional de Acción Sindical de CC.OO., Jesús Camacho declaró hoy en rueda de prensa la "oposición radical" del sindicato al anteproyecto de ley de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, que se ha remitido al Consejo Económico y Social, mientras no se defina una "ley diferente para conseguir la creación de la Empresa Pública comprometida y pedida".

Camacho explicó que la ley va a crear una Empresa Pública, pero no la que pedía CC.OO., ni la que quieren los trabajadores de extinción de incendios forestales, ni la comprometida en las conversaciones con los sindicatos y en las Cortes de Castilla-La Mancha. Además acusó al Gobierno regional de acudir a la creación de la empresa pública con "demasiado miedo".

El secretario de Acción Sindical explicó que aunque han sido atendidas algunas de las peticiones del sindicato como que el 100 por cien del capital sea público o que la forma jurídica adoptada sea la de sociedad anónima, existen tres cuestiones fundamentales que no se recogen en el anteproyecto que el Consejo de Gobierno ha remitido al Consejo Económico y Social.

PETICIONES DE CC.OO.

La más importante, en palabras de Camacho, es una disposición adicional que tiene que ver con el personal de retenes y que supondría "la subrogación de los trabajadores en la empresa pública". Según explicó el responsable sindical, si la actividad debe pasar a la empresa pública, "esos trabajadores tendrían que pasar en aplicación del convenio a la nueva empresa pública y bajo la dirección de esta, algo que se elude en el anteproyecto de ley".

Para Camacho esto significa que "no se quiere la gestión y la ejecución directa de la extinción y prevención de incendios forestales". Del mismo modo, desde CC.OO. reclaman una representación social en el Consejo de Administración de la Empresa Pública "porque conviene conocer el punto de vista de los sindicatos en la gestión".

La última petición del sindicalista es la gestión y ejecución directa de la mayoría de las funciones que son objeto en la creación de la empresa pública "porque si no lo que se está creando es un ente gestor al servicio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural".

Para Camacho, esto se demuestra en la propia memoria económica del anteproyecto que determina un coste de 200.000 euros para los tres años venideros en la estructura administrativa y de personal. "Eso no es una empresa pública con una plantilla suficiente para ejecutar las obras y las tareas que se le encomiendan", subrayó el secretario regional.