TOLEDO, 30 Mar (EUROPA PRESS)
CC.OO pidió hoy al Gobierno regional que invierta en la creación de Centros Integrados de Formación Profesional, a fin de tener un tejido productivo integrado por personas formadas, y una economía de calidad basada en la cualificación.
Así lo expresó en rueda de prensa el secretario Confederal de Formación de CC.OO, Gregorio Merchán, en la que dio cuenta del IV Acuerdo sobre Formación Continúa, integrado en el nuevo modelo de formación para el Empleo, que acaban de suscribir Gobierno, patronal y sindicatos.
Según Merchán estos centros, previstos en estos acuerdos, deben garantizar la coordinación de la oferta formativa de la red, contar con personal suficiente para desarrollar sus funciones, establecer un modelo de planificación común, así como facilitar la participación de los agentes sociales.
El secretario Confederal de Formación de CC.OO afirmó que a pesar de que la formación es una necesidad y un derecho que tienen los trabajadores, que redunda en un empleo de calidad y estable, tanto Castilla-La Mancha como España presentan un déficit importante en relación con los países de la Unión Europea "con los que tenemos que competir".
Desde el sindicato alertaron de que Castilla-La Mancha presenta datos "alarmantes" en cuanto a formación post-obligatoria que engloba la profesional, pues afecta a cerca del 15 por ciento de la población, frente al 43 de la media europea, algo en lo que el sindicato insistió cuando se redactó el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad.
Esa formación, que para CC.OO debe incidir también en el uso de la innovación y las nuevas tecnologías, tradicionalmente ha contado con un reconocimiento nulo, incluso a nivel social, pues ha sido considerada una "educación secundaría, para ciudadanos de segunda", debe formar parte del diálogo social y ser integrada en modelo de competitividad de la empresa.
Gregorio Merchán, que denunció la primacía del trabajo frente al derecho a recibir formación laboral en el empleo, y la falta de medios para ofrecer a los trabajadores esa preparación, habló de la urgencia de que el Gobierno dote a estos acuerdos de un marco legal, por medio de un Real Decreto, que podría entrar en vigor en enero de 2007.
El responsable sindical explicó que el desarrollo de la ley de cualificaciones supone el reconocimiento y la acreditación mediante título de la Formación Profesional, y el fortalecimiento del derecho a recibir esa formación tanto de las personas empleadas como de los desempleadas.
El acuerdo establece una adecuación competencial que reconoce que la capacidad para elaborar la norma que regule la formación profesional reside en el Estado, pero la capacidad de gestión la tienen las comunidades autónomas, reconociéndoseles a los Gobierno autónomos, a los sindicatos y a los empresarios su derecho a poder organizar la formación en su territorio.
Recordó que el acuerdo suscrito reconoce el compromiso del Gobierno de incrementar la inversión en Formación Profesional a partir del 2007, "porque este tipo de formación se financia solo con cuotas que pagamos los trabajadores y los empresarios y con el Fondo Social Europeo".
Asimismo el acuerdo establece la llamada formación de demanda, esto es, la propia empresa, de acuerdo con los sindicatos, determina las necesidades de formación de sus trabajadores, así como los permisos que los trabajadores pueden pedir para realizar estudios oficiales.
