TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS)
El secretario regional de COAG-IR, Antonio Castellanos, aseguró hoy que el problema en Castilla-La Mancha no es tanto de necesidad de agua, sino de exceso de generosidad, puesto que "mandamos de forma tradicional el agua que nosotros necesitamos para solucionar los problemas".
En rueda de prensa, junto al secretario de los Servicios Técnicos, Rafael Juárez, para hablar del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), mostraron un estudio del que se desprende que desde el año 1978 hasta hoy se ha mandado por el trasvase Tajo-Segura 9.136 hectómetros cúbicos. El informe también refleja que sólo son necesarios 3.300 hectómetros para llenar el Acuífero 23, y que por la región pasan y se van a otras regiones 6.000 hectómetros.
Según una hipótesis de la organización agraria, se podría recuperar el Acuífero 23 en los plazos marcados por la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CEE, si se redujera, del año 2009 al 2011, cien hectómetros cúbicos cada año. Así, se pasaría de los 530 hectómetros que anualmente se mandan a la Región de Murcia, a los 230 que se enviarían finalmente para abastecimiento.
La organización agraria señaló que el agua sobrante se metería en el Alto Guadiana, y se prescindiría así del programa de ayudas y del Plan Especial del Alto Guadiana.
En este sentido, Castellanos manifestó que en los últimos 20 años el Acuífero 23 ha tenido una bajada total de 27 metros, descendiendo cerca de 500 hectómetros, lo que consideró una "barbaridad". Además, el informe presentado estipula que anualmente se renueva en estos acuíferos una cantidad de 320 hectómetros cúbicos.
En cuanto a las inspecciones realizadas en el campo, Castellanos señaló que se han realizado 6.200, de las que se ha abierto expediente sancionador a 1.947 personas, con un volumen total excedido de 54 hectómetros. A su juicio, los agricultores con pozos legales sacan tanta agua sin permiso como los ilegales.
En este sentido, apuntó que se han denunciado dos tipos de extracciones ilegales, entre las que se encuentran 270 agricultores que tienen su pozo legal y han sacado más agua de la que permite el Régimen de Explotación del Agua, y que han sacado un total de 26 hectómetros el año pasado, y 1.677 personas con pozos ilegales que ha extraído 27 hectómetros cúbicos.
PROPUESTAS
Castellanos, subrayó que para poder solucionar este problema que tanto afecta a la supervivencia y a la economía de amplias comarcas de la región, hay que dar cumplimiento de una vez al plazo legal que expiró en el 2002 para poner en marcha el Plan Especial del Alto Guadiana.
Además, hay que resolver en el medio plazo el problema del déficit hídrico de la cuenca y particularmente del Acuífero 23. También, dar cumplimiento a la Directiva Marco de Agua, restaurando la riqueza medioambiental del entorno y la calidad de las aguas. "Sólo podrá llegar a cumplirse si en la Cuenca Alta del Guadiana se invierte agua o dinero o ambos", apostilló.
Así, dijo que hay que sentar las bases para una reordenación de los derechos que evite la sobreexplotación, y que el PEAG debe incluir el estudio de las condiciones en las que a la cuenca pueden llegar recursos externos del acueducto Tajo-Segura, de igual forma que se ha contemplado esta medida desde hace años para otras cuencas y en condiciones similares.
En este sentido, advirtió de que con los 18 millones de euros que recogía el Acuerdo de la Comisión del PEAG "no es suficiente", en cambio si que lo es con el acuerdo que el Gobierno regional llegó con el Ejecutivo nacional de 600 millones de euros.
Finalmente, insistió en que las soluciones van encaminadas a conseguir un pacto con todos y que si las administraciones ponen dinero, el Acuífero 23 puede recuperarse como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
REGADÍO
El secretario regional de COAG-IR también se refirió a la evolución del regadío en España y en la región. Así, señaló que el regadío ha evolucionado en España desde 1960 hasta 2003, de 128.000 hectáreas a 3.479.318, y en Castilla-La Mancha de 128.000 a 449.000 hectáreas finales.
Así, afirmó que la región tiene un 11,4 por ciento de su superficie agraria de regadío, estando por debajo de la media nacional que está en un 19 por ciento, Murcia en un 32, y Comunidad Valenciana en un 43.
REGANTES DE ESTREMERA
Finalmente, a preguntas de los medios, sobre el acuerdo entre los regantes de Estremera (Madrid) y el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura para la venta de derechos de agua, Castellanos dijo que le parece mal esta actuación, y que la solución estaría en la creación de un banco público de agua, para que estas acciones se hagan con la mayor transparencia y sin fraude.