La Comisión de estudio aboga por no legalizar esta práctica porque "supone enviar el mensaje de que las mujeres son productos sexuales"
TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS)
La Comisión para el estudio de la prostitución en Castilla-La Mancha ha concluido, de modo unánime, no legalizar esta práctica, sino abolirla, y considerar a las mujeres que la ejerciten víctimas de violencia de género, preservando ante todo sus derechos.
La Comisión defiende un modelo social y unos valores, entre los que se encuentra la lucha contra la explotación, no la regulación de la prostitución, porque "supone enviar el mensaje a las nuevas generaciones de hombres de que las mujeres son productos sexuales".
Así lo explicaron las portavoces del PP, Sagrario Gutiérrez, y del PSOE, Dolores Parra, en esta Comisión, quienes sentenciaron que la regularización la prostitución implicaría hacerles un regalo a los empresarios del sexo, que podrían ejercer libremente este negocio, algo no beneficiaria a las mujeres.
Según Sagrario Gutiérrez, que defendió que el sexo debe incluirse en las relaciones afectivas entre seres humanos, y nunca en régimen de esclavitud o dominio bajo precio, hay que provocar en el cliente el rechazo social a esta práctica, y conseguir que "igual nadie se siente orgulloso al decir que pega a su mujer, que nadie se sienta orgulloso de decir que va a un prostíbulo".
Por su parte, Dolores Parra aseveró que "ambos grupos tenemos claro que no queremos para nuestras hijas, hermanas o familiares que se dedicaran a la prostitución", poniendo como ejemplo la posibilidad de que mujeres que se quedaran desempleadas porque su empresa aplicara un Expediente de Regulación de Empleo, podrían ser destinadas a un burdel a trabajar como prostitutas.
"Tenemos que convencer a la sociedad, y ese será el trabajo más difícil de que aunque exista, la prostitución es una aberración, un atentado contra los derechos humanos y una forma de violencia de genero", señaló Parra.
Por su parte la diputada 'popular' explicó que las conclusiones aprobadas, en ningún caso, pasan no por penalizar a la prostituta sino que se recomienda ampararla en derechos sociales, jurídicos, sanitarios, con la idea de que es una víctima y merece protección.
REMITIRLO A PLENO.
De otro lado la comisión aprobó, por unanimidad, remitir al Pleno las conclusiones del este dictamen, en cuya elaboración los parlamentarios regionales han trabajado durante dos años, y que sean Sagrario Gutiérrez por el PP, y Dolores Parra, por el PSOE, las que defiendan las conclusiones del dictamen.
El texto recoge que la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal, según se recoge en el artículo 5.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
De acuerdo con estas tesis, la clave para enfrentar el problema pasa por que la sociedad recupere su capacidad de indignación ante esta forma de esclavitud que es la prostitución.
Por ello, la Comisión insta al Gobierno de la nación y al de la región a que garanticen los recursos destinados al desmantelamiento de las redes de prostitución; establecer políticas específicas de integración e inserción laboral de las mujeres inmigrantes y de protección y acogimiento de las mujeres traficadas;
En esta línea demandan el desarrollo de políticas de prevención y, especialmente, de sensibilización y deslegitimación de los prostituidores/clientes, actores responsables de esta forma de violencia, promoviendo campañas que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia los hombres que usan los cuerpos de las mujeres prostituidas para satisfacer sus apetencias sexuales.
Solicitan asimismo a los medios de comunicación que a través de su código deontológico renuncien a la publicidad relativa al comercio sexual, con el fin de dificultar al máximo el negocio de las organizaciones de tráfico sexual.
Por último, entre otras recomendaciones, aconsejan impulsar las modificaciones legales necesarias tendentes a contemplar la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como en la Ley de Castilla-La Mancha 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección de las Mujeres Maltratadas.
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