GUADALAJARA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional del Partido Popular, María Crespo, mostró hoy serias dudas sobre la gestión de los centros de menores por parte del Gobierno regional presidido por José María Barreda, y recordó la alarma social que se generó tras el informe del defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y tras la muerte de una menor que se tiró a la carretera desde un vehículo en marcha.
En rueda de prensa junto al diputado regional del PP, José María Bris, Crespo pidió a la Junta que se hagan públicas las supuestas responsabilidades y que se anuncien cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar. "Lo único que está claro es que los mecanismos han fallado y queremos que se adopten medidas para que no vuelvan a fallar", afirmó.
Asimismo, señaló que desde el Partido Popular han solicitado que se aclare lo que "verdaderamente" ocurre en estos centros, que se informe "claramente" sobre las conclusiones que se han sacado del informe del Defensor del Pueblo, que se adopten las medidas precisas y finalmente que se digan los criterios que se siguen para conveniar con este tipo de centros.
De este modo, recordó que los centros de menores son centros financiados con recursos públicos aunque la titularidad sea privada, y que la tutela de muchos menores también es asumida por la Junta. Así, dijo que el informe del Defensor del Pueblo revelaba que "aunque la administración regional invertía un elevado presupuesto en estos centros, esta cuantía no estaba en consonancia con la satisfacción de los menores".
Por ello, manifestó que este documento también hablaba de dos centros de la región en Cuenca y Azuqueca de Henares (Guadalajara), y que en el primer caso denunciaba la sensación de abandono y descuido, el mal olor y los deterioros, mientras que en el segundo se ponía de manifiesto el descontento y el malestar de los menores por el abuso de autoridad, el exceso de sanciones, las medidas educativas o la falta de personal clínico.
Ante esta situación, Crespo volvió a pedir al Ejecutivo regional que se solucionen todas estas deficiencias de manera inmediata mediante medidas concretas, y exigió responsabilidades por las presuntas negligencias que se hayan podido producir.
PACTO POR CASTILLA-LA MANCHA
Por su parte, José María Bris criticó el Pacto por Castilla-La Mancha, "ya que lo único que busca es una fotografía mediante un catálogo de buenas intenciones que no incluye presupuesto, fechas concretas ni compromisos de ejecución", agregó.
Asimismo, lamentó de nuevo la modificación de la Ley de Ordenación Territorial y Actividades Urbanísticas (LOTAU) por ser "una ley intervencionista que defiende unos pocos intereses particulares en contra de los generales mediante una recalificación que podría calificarse como un verdadero pelotazo urbanístico", concluyó.
