CSIF recurrirá los acuerdos autonómicos y locales de rebajas salariales

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Jurídicos de CSIF trabajan intensamente para presentar recurso al Decreto de la Junta de Comunidades, publicado el pasado día nueve de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción de los gastos de personal, conforme el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo. Además, interpondrá recursos contra los acuerdos que puedan adoptar, en el mismo sentido, los organismos de la Administración Local.

El sindicato informa en nota de prensa de que anunciará de forma inminente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) su intención de recurrir el Decreto de la Junta, por considerarlo no ajustado a derecho e inconstitucional, en base a la jurisprudencia existente tanto en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que "en sendas sentencias establecen claramente que las retribuciones consolidadas no pueden rebajarse, y que únicamente podrían congelarse".

Los argumentos jurídicos que se incorporen al recurso velarán por la defensa de los intereses de los trabajadores, "que no pueden verse perjudicados por una norma injusta y adoptada a sabiendas del perjuicio que ocasiona a más de 133.000 empleados públicos castellano-manchegos", según CSIF.

Ante los acuerdos que puedan aprobarse en los organismos locales, como la Diputación o los Ayuntamientos, el sindicato CSI.F presentará el mismo recurso ante la jurisdicción correspondiente.

Además de las iniciativas legales anunciadas, el sindicato emprenderá una campaña de presentación de reclamaciones de carácter individual. Se trataría de que sean formalizadas por los interesados, una vez comprobada la reducción de sus nóminas en el mes de junio, para ser canalizadas por CSIF como paso previo para acudir a los Tribunales de Justicia.

También valorará las impugnaciones planteadas contra el Decretazo, que cuestiona el procedimiento, considerado ilegal, en sus fundamentos de derecho, al modificar el plazo de aplicación del mismo sin atender a la obligación de ser aprobado en Consejo de Ministros y ratificado después por el Parlamento, que es el máximo órgano constitucional del Estado; y estudiará todas las iniciativas legales contra el Decretazo, para decidir su adhesión a las mismas o, en su caso, personarse en los distintos procedimientos.