Recomienda más instrumentos jurídicos en la Ley de Suelo para un modelo de ciudad que compagine urbanismo y medio ambiente
TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS)
La Oficina de la Defensora del Pueblo en Castilla-La Mancha recibió durante el pasado año un total de 826 quejas (51 más que en 2004) y casi 1.300 consultas, con peticiones e informes centrados en el medio ambiente, y, precisamente, en las dos áreas específicas sobre menores y sanidad que la institución puso en marcha a mediados de 2005. Asimismo, la titular de este organismo, Henar Merino, recomendó la puesta en marcha de instrumentos jurídicos y técnicos que completen la Ley regional del Suelo para buscar un modelo de ciudad que compagine urbanismo y medio ambiente.
En una entrevista concedida a Europa Press, la Defensora del Pueblo adelantó los primeros datos del informe anual que la institución se encuentra ultimando y que presentará en las Cortes regionales el próximo mes de abril.
A la luz del número de quejas y consultas recibidas, Merino se congratuló de que la media de quejas realizadas haya sido de 3,33 al día, superior a la del año 2004, lo que demuestra mayor conocimiento de la institución, al tiempo que destacó que los temas más subrayados por los ciudadanos, se correspondan con las dos áreas específicas que la Oficina puso en marcha a mediados del año pasado: menores y sanidad.
De este modo, explicó, en el primer caso, resaltó las cuestiones relacionadas con los derechos y deberes de los niños, la violencia escolar, así como la adopción internacional, un tema sobre el que la Defensora presentará en mayo un informe para el Parlamento regional.
En cuanto a la segunda área, Merino detalló que la institución ha realizado propuestas que la Consejería de Sanidad y el Sescam han aceptado en "mejor y mayor porcentaje" que en años anteriores, sobre todo en lo referido a técnicas de parto natural y al tratamiento del derecho al embarazo dentro de la atención sanitaria, junto con otros temas como el transporte sanitario y su control. También dijo haber hecho especial hincapié en la mejora de las condiciones de los consultorios locales, tanto en la calidad del personal como en su accesibilidad.
MEDIO AMBIENTE: "ÁREA ESTRELLA"
No obstante, la Defensora del Pueblo dejó claro que el "área estrella" del pasado año ha sido la cuestión medioambiental en relación con el urbanismo y el "modelo de ciudad que los ciudadanos demandan".
Precisó que esta cuestión ya ha sido recalcada en anteriores informes, si bien en el último balance anual tendrá un cierre "más redondo" en cuanto a medidas contra la contaminación acústica, atmosférica y de agua; de fomento de los espacios de ocio, y de mejora de parques y jardines (para lo que ha realizado un informe con recomendaciones de la UE).
De hecho, en cuestiones de agua, Henar Merino interpretó que se trata de un tema "candente" porque es un bien "escaso y primario", y recordó que su Oficina ha realizado resoluciones importantes para su uso cotidiano e industrial que han sido aceptadas por las consejerías implicadas, al proponer normas de carácter regional que incardinen la labor de los ayuntamientos en este sentido, con fondos, recursos y asesoramiento.
De hecho, la Defensora del Pueblo fue más allá y consideró "una asignatura pendiente" la regulación exhaustiva de la Ley del Suelo a la hora de que los ayuntamientos diseñen sus propios modelos de ciudad. Añadió a ello la falta de reglamentos suficientes que acompañen a esa norma y que sirvan de instrumentos técnicos necesarios para que todo tipo de ayuntamientos puedan establecer unas normas mínimas que diseñen la expansión y el crecimiento que la región está teniendo.
PIDE UN CRECIMIENTO "ARMÓNICO"
Por ello, propuso que esta legislación vaya acompañada de instrumentos técnicos para que ese crecimiento sea "armónico" con el respeto al medio ambiente, y con el derecho al desarrollo industrial y económico, que "revierte en beneficio de todos". Según apuntó, ese diseño de ciudad lo están demandando los ciudadanos de forma individual con quejas "muy parciales y sesgadas", pero que reflejan esa necesidad, sobre todo en núcleos cercanos a grandes urbes como sucede en la provincia de Guadalajara, Toledo y Albacete.
Además, desde su punto de vista, ese desarrollo reglamentario de la Ley del Suelo, tiene que darse mediante un asesoramiento más cercano a los ayuntamientos, bien a través de la Junta de Castilla-La Mancha, o mediante las diputaciones, que "no se deben resistir y deben incorporar de forma práctica comisiones técnicas que les asesoren en materia de urbanismo y suelo". En definitiva, apostó por "adaptar el modelo estructural de comunicaciones a un modelo de ciudades asequibles y con buena calidad de vida".
Sobre este tema explicó por último que los ayuntamientos están asumiendo servicios que no se corresponden con la financiación que tienen, y que por ello, tendría que concretarse un diseño más especifico de esas competencias desde el Gobierno de la nación y después con un "apoyo claro" por parte de la Junta, "sin cercenar la autonomía local".
Henar Merino se refirió también a la política trasvasista aunque solo en el caso concreto de la obra del Fuensanta-Taibilla, donde la Oficina recibió queja en su día. Refirió que la institución ha intervenido como canal de información de todos los pueblos afectados por el trasvase, mediante una resolución dirigida a las Consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas, encomendándoles a reflexionar sobre los efectos de la infraestructura en la población, tal y como está concebida en la actualidad.
Dejó claro que "no nos decantamos sobre el lugar idóneo de conexión" pero "sí queremos que la Junta haga un juicio de valor más concreto sobre si no habría otras opciones más abajo del río". Recalcó que no se han realizado informes especiales al respecto porque en materia de agua, en una parte importante es competencia del Ministerio y no de la Junta, y aseguró que tampoco han redactado resoluciones sobre el trasvase Tajo-Segura, porque nadie les ha planteado nada sobre este tema.
INMIGRACIÓN.
Finalmente, preguntada por la situación de la inmigración en Castilla-La Mancha, Merino se mostró convencida de que los problemas que puedan surgir a este respecto son "asumibles" por la región, al alegar que "no ha llegado a ser un problema social acuciante" y poner como ejemplo que no haya habido ninguna denuncia de menores inmigrantes no escolarizados o de población inmigrante no atendida sanitariamente. A su entender, son "dos factores básicos importantes" de respeto de los derechos humanos de aquellos que vienen a trabajar o a residir en la Comunidad.
Pero sí mostró su preocupación por situaciones puntuales como los asentamientos irregulares de población inmigrante que han vivido o viven en situaciones infrahumanas, bajo un techo pero sin agua y sin luz, como está ocurriendo en territorios de Albacete, y que se reproducen cuando llegan campañas agrícolas en Murcia y la Comunidad Valenciana.
No obstante, Merino aseguró que se está haciendo un trabajo positivo en educación por parte de la Consejería para lograr que la escolarización de los inmigrantes sea una realidad y se está intentando que vaya por la "vía de la integración" mediante "equipos multidisciplinares y multilingüísticos". "No hay una cultura ni una lengua superior. No tenemos grandes problemas de xenofobia, pero es necesario seguir cultivando la integración para que no se produzca", concluyó.
