Defensores del Pueblo piden al Gobierno que abra un marco legal para regularizar a los inmigrantes que quedaron fuera

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS)

Los Defensores del Pueblo autonómicos instan al Gobierno de la nación a que abra el marco legal para que todos aquellos inmigrantes que han quedado al margen del proceso de normalización extraordinaria tengan la posibilidad de regularizar su situación y permanecer en el país, y que preste especial atención a los refugiados y asilados políticos.

Esta es una de las conclusiones recogidas en el primer número de la revista "Derechos Ciudadanos", que los representantes de la ciudadanía de las distintas comunidades autónomas presentaron hoy en Toledo, y que contó con la presencia del Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica.

Este número cero de "Derechos Ciudadanos", se centra únicamente en la cuestión de la inmigración, y de forma especial en la integración, porque pocos fenómenos como el de los movimientos migratorios están variando la configuración de la sociedad española y haciendo más significativas determinadas decisiones jurídicas y políticas, comunes a las 17 autonomías.

El Defensor del Pueblo en Andalucía, José Chamizo, manifestó que el discurso político sobre inmigración es "extraño, dual, y a veces esquizofrénico, porque no sabemos muy bien cual es la política migratoria en España. Solo sabemos que en este país solo se puede estar con documentación, o por la vía de arraigo social".

Chamizo lamentó que no sólo en España, sino en toda la Unión Europea, haya quedado restringido, el derecho que tiene cualquier ser humano a huir de un lugar, "donde la expectativa de vida es de 30-40 años". En su opinión, la globalización y el capitalismo más salvaje está condenado al exterminio a millones de seres humanos, en muchos sitios del mundo, pero especialmente en el África subsahariana.

A pesar de señalar que en España la situación legal también es un poco "esquizoide", reconoció que el proceso de regularización que llevó a cabo el actual Gobierno ha sido "positivo", pero ha creado ciertas lagunas. En este sentido criticó el hecho de que muchas personas hayan conseguido el empadronamiento por omisión en Ayuntamientos, pero las oficinas de extranjería no acepten ese documento para validar su legalización.

Especial importancia prestan a los Defensores del Pueblo al lado más humanitario de la inmigración, esto es, a los refugiados políticos, y alertaron del pequeño número de asilados que hay en España.

El Defensor del Pueblo andaluz afirmó que a pesar de que una principales preocupaciones de los españoles sea el terrorismo, no se puede olvidar de que la sociedad española es emigrante, y una vez acabado el discurso de la sensibilización, es necesario comenzar con el de la integración.

Dicho esto pidió prudencia, sobre todo a los medios de comunicación, a la hora de hablar de número de inmigrantes, pues indicó que está "exagerado, porque no se puede decir que hay 3.700.000 inmigrantes, cuando lo que hay es 3.700.000 extranjeros" de los cuales, la gran mayoría proceden de la Unión Europea.

Chamizo, que explicó que revista se centra principalmente en la integración, y recoge las opiniones de los autores que han creado el pensamiento de lo que es inmigración e integración, como Javier de Lucas o Antonio Izquierdo, se cuestionó por qué siempre son los pobres los que deben de integrarse, y si realmente, la española, es una sociedad de gente integrada.

Así, el representante andaluz, que recordó que el incrementado del numero de inmigrantes en España responde a una realidad económica diferente y a una necesidad de mano de obra, porque parece que el ejercicio de solidaridad no existe, defendió que la comunidad de llegada ha de tener una actitud de acogida dentro de lo que marcan los límites de los derechos humanos y la Constitución.

REVISTA.

La Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino, explicó que "Derechos Ciudadanos" surge como un instrumento donde poder volcar la actividad que desarrolla, las iniciativas, y las resoluciones más importantes, sobre todo para que los ciudadanos puedan conocer la función que realiza esta institución, presente en todas las comunidades, excepto en las uniprovinciales --salvo-- Navarra, en Baleares y Extremadura.

Esta publicación, que nace con periodicidad anual, surge ante la necesidad de articular una colaboración más permanente, al margen de las jornadas que la institución celebra todos los años, y sobre todo para reflexionar sobre los problemas comunes a todas las regiones, y los cambios sociales que está experimentando la sociedad española, según apuntó el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Bernardo del Rosal.