TOLEDO, 10 May. (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo y portavoz de la Junta, Emiliano García-Page, confirmó hoy, en relación a la presunta estafa filatélica de Afynsa y Fórum Filatélico, que en la parte que le corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de Consumo, "vamos a ejercer todas nuestras responsabilidades y competencias", a nivel informativo y de diagnóstico, seguimiento y atención".
A preguntas de los medios en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, García-Page, que pidió prudencia y llamó a la tranquilidad de los posibles afectados, quiso lanzar un mensaje de prudencia, porque la voluntad es realizar un diagnóstico preciso y "la prioridad son los afectados".
Recordó que las comunidades autónomas son competentes en materia de Consumo, pero explicó que esta operación se plantea a escala nacional y por eso, "estamos en disposición de cooperar y coordinarnos de una manera milimetrada con la Administración del Estado" porque "lo que termine pasando en relación a este asunto, será lo mismo en Castilla-La Mancha que en el resto de España".
El vicepresidente segundo, que no quiso de momento adelantar cifras de los posibles afectados en la región hasta no finalizar el proceso de información y recopilación de datos, resaltó que, de manera formal, el Gobierno regional no tenía constancia de estas investigaciones, ni tampoco se había alertado con ningún caso por parte de la sociedad civil, y "no es un asunto que hayamos visto venir", ni en la región, ni en otro punto del país.
"No hemos tenido una alerta especial sobre este problema y hemos conocido la información en tiempo real", señaló, insistiendo en que el Gobierno regional ve "con preocupación" esta presunta estafa porque "serán muchas las familias afectadas", en el país y en Castilla-La Mancha.
La Dirección General de Consumo está realizando un informe, que probablemente arroje sus primeras conclusiones mañana, ya que el director general de Consumo, Jesús Montalvo, se reunirá con todas las organizaciones de consumidores de Castilla-La Mancha para coordinar no solo la información sino la atención a los posibles afectados, que se pretende sea "personal y eficaz", dijo García-Page.
En este sentido, señaló que en estos momentos hay una intervención judicial y por tanto, quien lleva la iniciativa es la Audiencia Nacional. Adelantó que el Gobierno regional asistirá mañana también a la reunión convocada en Madrid para coordinar la actuación de todas las comunidades autónomas en un asunto que, "no es problema regional sino planteado a escala nacional", con lo que será necesaria la "milimetrada coordinación entre el Instituto Nacional de Consumo y las distintas comunidades".
García-Page confirmó que la Junta ha dado "máxima prioridad" al tema dentro de su política de Consumo, y tras ofrecer también su disponibilidad a la autoridad judicial, señaló que sería "bastante triste" que se entrara en un problema de competencia administrativa y confesó que es un asunto privado de determinadas sociedades con personas concretas.
Insistió en que es la autoridad judicial la que tiene que dirigir "los primeros movimientos" y por ello, la Administración en su conjunto "haría un mal servicio a los ciudadanos si estuviera mirando de reojo este problema o hubiera codazos para ver quien es más o menos responsable", concluyó.
