Estatuto C-LM.- Defensora del Pueblo propone que se reconozca el derecho a la igualdad y se mencione al pueblo gitano

Actualizado: lunes, 20 noviembre 2006 14:27

Alaba que el borrador establezca competencias en materia de gestión del agua, tributaria, y de justicia

TOLEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS)

La defensora del Pueblo, Henar Merino propuso hoy que el borrador de Estatuto d Autonomía de Castilla-La Mancha, consensuado entre PSOE y PP, introduzca un derecho a la igualdad, el concepto de exclusión social, y una mención expresa a la comunidad gitana "que es una comunidad castellano-manchega culturalmente diferente, pero que desea potenciar y salir de la protección social".

Merino, que fue la primera en intervenir ante la Comisión Permanente Legislativa para la Reforma del Estatuto, calificó hoy la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha como un texto "moderno" y adaptado a la realidad existente.

Durante su comparecencia ante en las Cortes, a la que seguirá la del catedrático de Derecho Administrativo, Luis Ortega, y del síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, la defensora del Pueblo afirmó que leyes orgánicas como es el texto estatuario supone una "profundización en democracia y en el bienestar de los ciudadanos", por ello felicitó a ambos grupos políticos por el consenso conseguido y por dar voz a instituciones y organizaciones, algo que según la defensora es una "buena interpretación de lo que los castellano-manchegos quieren de esta ley".

En este sentido, Merino dijo que este borrador ha logrado aunar a los dos partidos políticos, que tendrá un efecto positivo en la ciudadanía y en la sociedad del mañana, y señaló que uno de los objetivos es "profundizar" en el marco de la democracia y que es "inevitable que se contemplen las minorías y la desigualdad de una sociedad moderna".

MINORÍAS ÉTNICAS.

La defensora comenzó su intervención haciendo una valoración y un análisis general del proyecto para más tarde ceñirse en el título I referente a los derechos, libertades y deberes.

En cuanto al Título I, apuntó el hecho de que el texto contemple la situación de necesidad y de dependencia, además de otros conceptos similares, pero según la defensora todas estas situaciones podrían recogerse a través de un única mención como es el de exclusión social que "evitaría posibles modificaciones en el futuro".

Según Merino "debemos aceptar que somos una sociedad diversa, ya que hemos consolidado una serie de libertades, por ello debemos dejar constar que valoramos el respeto a la diversidad".

También hizo hincapié en los derechos civiles, el de las personas, y los derechos económicos y sociales, que según la defensora deberían ir en paralelo a un derecho a la igualdad, que contemplara a su vez la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la identidad de género, entre otros. "Tenemos derecho a ser diferentes, por ello este término no debe ser razón de maltrato", apuntó.

Respecto a las minorías étnicas, culturales y religiosas y de otra índole, explicó que el texto debería recoger una mención expresa a la comunidad gitana porque "es una comunidad castellano-manchega que es diferente culturalmente, pero que desea potenciar y salir de la protección social", recordando que las organizaciones internacionales dicen que para erradicar una discriminación hay que empezar por reconocer a dicho pueblo.

UN TEXTO MEJOR QUE EL ANTERIOR.

En su opinión, el texto ha mejorado respecto al anterior porque posee una buena estructura y es más moderno en cuanto a que incorpora un título de derechos, las relaciones con el Estado y las comunidades autónomas, y la Unión Europea. Así, recordó que en estos años se ha producido una escasa conflictividad competencial con el Estado, porque "las Cortes han trabajado con rigor jurídico".

Asimismo, alabó el que el borrador establezca competencias en materia de gestión del agua, tributaria, de justicia y la descentralización de las competencias y financiación de las corporaciones locales, "es un gesto de responsabilidad el que visualicen la necesidad de financiación en esta materia", dijo Henar Merino, quien subrayó dos de las novedades que recoge la Proposición de Ley como es el Gobierno Local y la gestión en materia del agua.

En este aspecto, recalcó la importancia que tiene el hecho de que el texto estatuario introduzca la gestión del agua y los recursos hídricos de la Comunidad, "porque se pone en valor algo que están haciendo el resto de la regiones, a través de una regulación basada en principios de proporcionalidad y equilibrio territorial".

Según Merino el agua es un recurso "esencial" y "es lógico la pretensión de los dos grupos de querer cogestionar el agua" ya que este recurso es un elemento de garantía para la vida, la ordenación y desarrollo de un territorio, crea riqueza y fomenta la salud.

Respecto al Gobierno local, destacó que es una manera de garantizar la igualdad de trato a los ciudadanos con un mínimo de calidad. "Me parece un acierto que se haya incorporado a la reforma estatuaria el FORCOL y la creación del Consejo de gobiernos locales", puntualizó Merino.

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN.

Otra de las novedades que subrayó, es la incorporación de "forma satisfactoria" del derecho a disfrutar de una buena administración, existiendo un antecendente en la Carta de Derechos de los Ciudadanos, puesto que es un "buen momento para impulsar un buen gobierno".

También ensalzó el hecho de que en el texto aparezcan nuevos colectivos específicos como las personas mayores, los niños o la realidad de las mujeres y como consecuencia la alusión expresa a la violencia de género "ya que tiene que haber un compromiso público y estatuario".

Por último, destacó que los dos grupos políticos con representación en las Cortes hayan incorporado a las instituciones regionales como la Defensora del Pueblo, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social o el Consejo del Agua, entre otros, "porque forman parte constitucional en democracia".

Aseguró, al respecto, que como titular de la Institución que representa propone que el texto refleje el "cómo cumple la defensora del Pueblo su función supervisando la actividad de las administraciones públicas dando cuenta a las Cortes", ya que según Merino el texto se ha olvidad de incorporar esta diferenciación.