Estatuto C-LM.- Defensora del Pueblo propone trato preferente a menores, ancianos y discapacitados en derechos sociales

TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS)

La Oficina de la Defensora del Pueblo en Castilla-La Mancha, Henar Merino, ha trasladado a los grupos parlamentarios de PSOE y PP en las Cortes regionales un informe, solicitado por los dos partidos, con las propuestas de esta institución para la reforma del Estatuto, en el que piden trato preferente a menores, ancianos, mujeres y discapacitados en el Título I de la nueva norma, donde se recogerán los derechos sociales y económicos. Además, también pide la regulación en el texto de la institución de la Defensora del Pueblo, tal y como aparece en la Constitución española.

Así lo adelantó Merino en una entrevista concedida a Europa Press, en la que relató que el informe solicitado por los dos partidos, y que consta de unos 40 folios, ya ha sido remitido al Parlamento regional para que lo estudie la comisión de trabajo que articula el nuevo Estatuto.

Explicó que en este documento, la institución realiza un desarrollo del capítulo tercero del Título I de la Constitución --que recoge los derechos sociales y económicos--, en cuanto a colectivos específicos que necesitan un trato preferente como las personas mayores, las mujeres, los menores y los discapacitados, con especial hincapié en otras cuestiones como la inmigración, la igualdad, la educación, la sanidad y la vivienda.

Así, Merino detalló que se ha realizado una redacción aproximada y orientativa de cómo se debe ordenar el Título I del Estatuto para recoger estos derechos "básicos y esenciales", intentando recoger aquello que en el ordenamiento de la Comunidad Autónomas ya está consolidado en materia de servicios sociales.

La Defensora del Pueblo, que comparecerá en las Cortes para detallar este informe cuando se constituya la Comisión parlamentaria que apruebe el nuevo Estatuto, recalcó que la institución ha querido recoger en esta propuesta aquello que "por costumbre y legislación está ya considerado como un derecho por la ciudadanía".

De igual forma, avanzó también la propuesta de regulación en el Estatuto de la institución de la Defensora del Pueblo como una "garantía más" de esos derechos, al igual que recoge la Constitución la figura del Defensor del Pueblo español en el Artículo 54. En este precepto, recordó, se habla de este órgano como una "figura independiente", con mandatos de cinco o seis años diferentes al periodo electoral, y "con garantías de funcionamiento".

DEPENDENCIA.

Precisamente, Merino también se refirió a cuestiones como la futura Ley estatal de Dependencia, al celebrar que la Junta lleve trabajando muchos años en esta cuestión por tener la región un tipo de estructura poblacional muy dependiente por una pirámide de población con edad media muy superior al resto de España.

En su opinión, el Gobierno regional ha sabido adaptar un servicio social como las plazas de residencias a los lugares de vivienda habitual de la tercera edad, que además no han estado concentradas en ciudades y grandes urbes, favoreciendo así la creación de "plazas sin desarraigo" para personas mayores. "Esa es una calidad de vida que entiendo que estén orgullosos de haber conseguido en la región", remarcó.

A ello unió la Defensora del Pueblo el hecho de que la Junta esté trabajando para la formación de personas destinadas a ayuda domiciliaria, mediante su reconocimiento profesional. También destacó que tengan contrastadas las demandas de la población dependiente desde hace tiempo, con problemas bien diagnosticados, y las medidas ya ejecutadas.

IGUALDAD.

En similares términos se pronunció en cuanto a la futura Ley de Igualdad, recordando que Castilla-La Mancha ha puesto en marcha medidas efectivas como la Ley de paridad o contra la violencia de género.

No obstante, también consideró que "queda camino por andar" al existir en la Comunidad un problema estructural por el que la tasa de actividad de las mujeres es un 20 por ciento menor que la de los hombres, y el desempleo un 7 por ciento superior; o el hecho de que haya generaciones de mujeres de entre 50 y 60 años, asentadas en el medio rural, sin muchas posibilidades de formación o con empleos limitados.

Pese a ello, dijo que "no hay que dejar de considerar el gran esfuerzo de esta región en el entramado importante de centros de mujeres", incluso en localidades pequeñas, con personal especializado para dotar de ayuda y medios a la población femenina, y que no existen en ninguna otra Comunidad.

"Los medios han ido en relación directa con esa realidad de la que se partía, y no todas las comunidades autónomas lo han hecho, aunque todavía no se pueda hablar de igualdad real", concluyó.