Ex tesorero de Ayuntamiento de Huecas (Toledo) alertó de que el secretario se estaba "desmadrando" y no le hicieron caso

TOLEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS)

Rodolfo Félix López, ex tesorero del Ayuntamiento de Huecas (Toledo) durante los años 1995 y 1999, aseguró hoy que al "año y pico" de trabajar en el Consistorio junto al secretario-interventor, Carlos Cabrera, acusado de malversar los fondos del Ayuntamiento, se dio cuenta de que la parte económica "no funcionaba bien" y de que el secretario se estaba "desmadrando" aunque no le hicieron caso.

Durante su declaración, en la vista oral con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Toledo contra Carlos Cabrera, acusado de apropiarse de algo más de 49.000 euros, el ex tesorero indicó que la confianza con el secretario "le duró muy poco", porque "veía falta de dinero" y tenía "la sensación de que pasaba algo raro".

Tras avisar al alcalde, Miguel Ángel Lorente --con el que tampoco "congeniaba"-- de que pasaba "algo raro", decidió alertar al presidente y vicepresidente de la Diputación provincial de la existencia de "desmanes" y "cosas que no estaban claras" en los cobros que se realizaban desde el Consistorio, aunque tampoco hubo respuesta. Fue entonces cuando dimitió de su responsabilidad como responsable de Obras, aunque no dejó de ser tesorero "por si se abría la veda y aquello se convertía en un desmadre".

Rodolfo Félix, quien reconoció que él, como mecánico, no tenía la suficiente experiencia en la materia y tenía que "fiarse" del secretario, que era el que les asesoraba, llegó a rechazar y no firmar algunos de los cheques que el acusado les presentaba porque "no los veía lógicos" debido a las cantidades que aparecían. Finalmente, insistió en que le tenían "aislado" en el Consistorio porque normalmente "le negaban explicaciones".

NÚMEROS ROJOS.

También declaró hoy el ex alcalde de Huecas, quien, por el contrario, reconoció que tenía "total confianza" en el secretario y que, aunque al principio comprobaba lo que firmaba, a los dos o tres meses "firmaba todo lo que le ponía" delante. No obstante, consideró "fácil" que durante su mandato hubiera números rojos en las cuentas municipales pero puntualizó que él "no echó en falta dinero".

Miguel Ángel Lorente también aclaró, por otra parte, que los cerca de 180.000 euros que el Consistorio debía al acusado, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se le pagaron en dos veces a través de cheques, y que la nómina doble, las gratificaciones y los atrasos que cobró el secretario, y que nunca más reclamó, no se correspondían con ese pago.

Preguntado por la existencia de cheques firmados a favor del secretario, el ex edil dijo no haber sido consciente de estampar su firma en ellos, aunque aclaró que "no era normal" firmar talones a favor del acusado.

Por su parte, el actual alcalde de la localidad toledana, José Julio Sánchez, explicó que, cuando llegó al Consistorio en 1999, se anuló el acuerdo plenario de 1996 por el cual se reconocían las cantidades que había que pagar al secretario, aunque no fue hasta marzo de 2000, cuando se aprobaron las cuentas definitivas de los ejercicios 1996 y 1997, cuando se dieron cuenta de irregularidades como el cobro de nóminas dobles por parte del acusado.

Durante la jornada de mañana prestaron declaración también varios vecinos de Huecas que llegaron a entregar diversas cantidades en efectivo al secretario de las que luego no hubo constancia de ingreso en las cuentas municipales, o a nombre de los cuales figuraba en la contabilidad municipal entregas de dinero que nunca llegaron a realizarse.

CONTROL NADA ORTODOXO.

Entre ellos se encontraba el representante legal de Joma Sport, Fructuoso López, que entregó al acusado 800.000 pesetas; una vecina que dio 215.700 pesetas en un sobre a cambio de una licencia de obras que no autorizó ningún arquitecto, o un mecánico al que, supuestamente, se le habían ingresado más de 176.000 pesetas por reparar el camión de recogida de basuras.

La sesión de la mañana se cerró con la comparecencia de una perito economista que realizó un informe a petición del Juzgado de Instrucción, en el que concluye que hubo cantidades desviadas "indebidamente" a una cuenta propiedad del acusado, a cargo del Ayuntamiento de Huecas; y que el secretario-interventor llevaba un control "nada ortodoxo" de las cuentas municipales.

El acusado, para quien Ministerio Fiscal y acusación particular piden ocho años de prisión, la inhabilitación en el cargo por 20 años y el pago de una indemnización de 41.071 euros, por los delitos de malversación de fondos y falsificación de documentos mercantiles, trabaja actualmente en el Ayuntamiento de Guadalupe (Cáceres).