GUADALAJARA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró hoy que para mantener el uso penitenciario de la prisión de Guadalajara, actualmente dedicada al cumplimiento de la última fase de las condenas en tercer grado, en el futuro, "es necesario" acometer una renovación de las instalaciones, y que se estudiarán "las necesidades de espacio que requiere esa actividad y nos plantearemos la posibilidad de destinar parte del edificio a otros fines".
Así lo aseguró Galllizo con motivo del convenio de colaboración suscrito entre Instituciones Penitenciarias y la Diputación de Guadalajara para facilitar el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad y donde estuvo también la presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León.
Precisamente, Pérez León señaló su interés en el uso que puedan tener las instalaciones, sobre "las que creemos tener algún ascendiente", ya que en su día la Diputación aportó financiación y terrenos para la construcción.
Ambas responsables explicaron que esta alternativa evita el ingreso en prisión a personas condenadas fundamentalmente por delitos relacionados con la seguridad vial, cuyo número se ha incrementado de manera exponencial desde como consecuencia del endurecimiento de la Ley.
De este modo, Pérez León señaló que, inicialmente, se ofrecerán hasta 12 destinos: seis en el Centro San José y el Complejo Príncipe Felipe; tres en la finca que la Diputación tiene en Alovera y otros tantos en el Centro de Interpretación Turística de Guadalajara (CITUG).
"Las tareas previstas nunca irán en detrimento de la creación de empleo porque no sustituyen puestos de trabajo", afirmó, al tiempo que añadió que en la mayor parte de los casos se concretarán en refuerzo de vigilancia o control de accesos en diversas dependencias.
Por su parte, Gallizo agradeció la sensibilidad demostrada por la Diputación con la firma de este acuerdo, "que viene a dar respuesta a una necesidad del Estado". Así, señalo que los trabajos en beneficio de la comunidad --generalmente por periodos que oscilan entre 20 y 40 días-- están previstos en el Código Penal desde 1995.
Pese a ello, señaló que eran poco utilizados hasta la última reforma de la Ley de Seguridad Vial que pasó a considerar como delito algunas infracciones de tráfico como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol.
