GESTHA cifra en más de 260 millones las facturas sin pagar de la Junta de Castilla-La Mancha y sus corporaciones locales

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA) instó hoy al Ejecutivo central a que apruebe con carácter de urgencia la ley que permita que los más de 260 millones de euros que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y sus corporaciones locales adeudan a las empresas puedan compensar los pagos del Impuesto de Sociedades y del IVA, con el fin de aliviar sus dificultades de liquidez. En el conjunto de las Administraciones Públicas del Estado esta deuda asciende a 12.400 millones de euros.

En nota de prensa GESTHA, en su defecto, pidió que estas "obligaciones reconocidas pendientes de pago" tengan la consideración de "aval suficiente" para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos, puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda eximiendo a ambas partes del pago de los intereses de demora previstos por ley.

GESTHA asegura que estas figuras de "compensación" y "garantía" permitirían inyectar liquidez a las empresas, aliviando sus dificultades de tesorería, que se han visto agravadas en este último año por las fuertes restricciones crediticias impuestas por las entidades financieras y que están llevando a muchas sociedades, hasta ahora solventes, a echar el cierre por falta de financiación y circulante para pagar a sus empleados.

Los Técnicos de Hacienda explican que las comunidades autónomas y las corporaciones locales están generando un grave problema de liquidez a las empresas por los altos retrasos en sus pagos. Según un informe de Intrum Justitia, el sector público español tarda más de 145 días en saldar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en Europa y, a pesar de la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos ante el juzgado, por temor a verse relegados en su trato con la Administración.

Por otro lado, los Técnicos de Hacienda aseguraron que esta medida no representaría ningún coste adicional para las arcas públicas sino que, por el contrario, evitaría a las Administraciones el pago de intereses por la demora en el pago y el Estado se aseguraría el cobro de las deudas tributarias, máxime en un momento como el actual en el que el déficit público se sitúa en 41.874 millones de euros, el 3,82% del PIB, debido al alto coste fiscal de las medidas contra la crisis y a la caída de la recaudación del 13,6% por la recesión económica.

Además, Gestha abogó por modificar la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace poco más de cuatro años, con el fin de terminar con las malas prácticas de pago que arrastra nuestro país y agilizar estas demoras por parte de consumidores, empresas y, muy especialmente, de la Administración Pública.