TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, consideró hoy que renunciar a la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en el Estatuto de Castilla-La Mancha, que se negocia actualmente en el Congreso de los Diputados, "es también una renuncia, tal y como se han planteado las cosas desde el Gobierno regional y del PP en la región, a defender de forma adecuada los intereses de nuestra región".
A preguntas de los medios en rueda de prensa, Martínez subrayó que si el Congreso de los Diputados no va a respetar la redacción del texto que salió de las Cortes regionales, con una intención "muy clara, que era la fecha de caducidad", desde Castilla-La Mancha "quedará decir que se renuncia a defender lo que salió de las Cortes regionales".
Así, reconoció que existen pocas novedades en torno a la negociación del texto castellano-manchego, ya que "ha pasado mucho tiempo desde que entró en el Congreso de los Diputados y el estancamiento ha sido la norma desde que, sobre todo, se presentaron las enmiendas de los grupos parlamentarios al Estatuto de Castilla-La Mancha".
No obstante, indicó que la novedad es que "parece ser que la fecha de caducidad no va a estar en el Estatuto, y eso puede desbloquear las negociaciones".
Daniel Martínez indicó que IU, desde un principio, ha defendido que esa fecha de caducidad no podía estar en el Estatuto y destacó que "nos ofrecemos en el Congreso de los Diputados, si hace falta, a mediar, ya que estamos en la ponencia que está trabajando el Estatuto y en su texto final en el Congreso".
"Además, nosotros no participamos en la elaboración del Estatuto en nuestra región, y hemos presentado más de 50 enmiendas en el Parlamento nacional", aseguró el coordinador regional de IU, que apuntó que "esperamos que no sólo se hable de la fecha de caducidad del trasvase, que ya sabemos que no va a estar ni siquiera como intención en el preámbulo, sino que se hable también de la necesidad para la región de un Estatuto mucho más progresista".
En este sentido, aseveró que de los últimos estatutos que han tramitado su reforma, "el de Castilla-La Mancha es el más conservador". "Diría que reconoce menos derechos civiles, sociales, económicos y menos garantías para los ciudadanos que otros, como el de Andalucía", concluyó Martínez.
