IU C-LM acusa al Gobierno de Cospedal de modificar "unilateralmente" los convenios de colaboración con entidades locales

Actualizado: miércoles, 21 diciembre 2011 18:06

TOLEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha acusa al Gobierno de María Dolores de Cospedal y al consejero de Salud y Bienestar Social, José Ignacio Echániz, de incumplir la legalidad vigente al modificar "unilateralmente" los convenios de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de las Prestaciones Sociales Básicas de la Red Pública de Servicios Sociales.

Se trata de un decreto vigente especialmente en los puntos relacionados con el gasto del personal, el mantenimiento de los centros sociales y el desarrollo de proyectos, tanto en el marco del Plan Concertado como en los Convenios Supramunicipales del Programa Regional de Acción Social (PRAS), según ha informado la federación de izquierdas en nota de prensa.

Ante los incumplimientos del convenio vigente en gastos de personal, mantenimiento de los centros y desarrollo de proyectos, IU ha planteado la necesidad de que la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha defienda los intereses de los ayuntamientos.

Asimismo, solicita que este organismo controle el cumplimento de las normas o decreto que regula la prestación de los servicios sociales y que posibilite la creación de mecanismos que impidan actuar por encima de la Ley.

ABUSO DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES

IU señala que en los últimos años ha advertido sobre el abuso de herramientas como los convenios y subvenciones que desde la Junta se venían utilizando para el desarrollo de los servicios sociales, y su atención a través de municipios y mancomunidades.

Sin embargo, ha asegurado que no ha habido un interés claro por incorporar o estructurar dentro de la Administración regional unos servicios sociales básicos públicos y esenciales para la sociedad.

Según el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, "en la práctica, se está produciendo la liquidación de los servicios sociales, dejando con el culo al aire a los ayuntamientos y mancomunidades, y en situación de auténtica indefensión a los trabajadores y trabajadoras, muchos ya despedidos y sin cobrar el sueldo desde el 2010".