ALBACETE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado nacional por IU y miembro de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha anunciado que desde su formación van a proponer "que se utilice el convenio europeo para compra compartida de fármacos entre países de la Unión Europea para la compra de los fármacos de hepatitis C".
En rueda de prensa en Albacete, donde ha acudido para participar en una mesa redonda sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, organizada por la UCLM y Jueces para la Democracia, ha manifestado que ese convenio, que se ha previsto "teóricamente" para vacunas, pero también contempla antivíricos y otros fármacos, IU quiere que sirva "para bajar el precio de los fármacos de la hepatitic C, que en estos momentos es desorbitado".
Según Llamazare, el Gobierno no quiere gastar más de 125 millones de euros en la compra de este fármaco, por lo que ha defendido que IU considera que debe haber "otros mecanismos", como la compra compartida de este fármaco con la UE "y también podría ser la licencia obligatoria para que se produzcan esos fármacos como genéricos". El diputado ha dicho que no descartan "ninguna fórmula".
DESMANTELAR CÓDIGO SOCIAL
Por otro lado, Llamazares ha avanzado que este miércoles presentan 15 enmiendas a la Ley Antiterrorista a la que ha considerado "contradictoria con el fin de la reinserción".
El diputado ha denunciado el impulso de un "código de seguridad" que intenta desmantelar "el código social, que era la forma de convivencia de los españoles a lo largo de la democracia hasta hoy".
De este "código de seguridad" forman parte, ha concretado, la Ley de Seguridad Ciudadana, "que no es de seguridad ciudadana, sino de seguridad financiera o del Gobierno", también el Código Penal, que se está debatiendo en el Congreso y que ha definido como "una segunda fase, para aquellos que presentan algún tipo de resistencia a la autoridad", y también la Ley Antiterrorista.
Respecto a la Ley Antiterrirista, de la que ha dicho que "no solamente es la ley de la cadena perpetua", ha criticado que no sólo es "contradictoria con el fin de la reinserción" sino que "considera terrorista a todo disidente", incluyendo "las movilizaciones en la calle que alteren la paz social o medidas hasta ahora consideradas como parte de las movilizaciones pasarán a ser calificadas de terroristas".
