TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo acogerá el próximo jueves, 10 de mayo, dos juicios por sendos delitos de estafa. Así, en el primero de ellos, el Ministerio Público pide seis años de prisión para el principal acusado; mientras que en el segundo pide cuatro años de cárcel para el principal procesado.
Según el escrito de acusaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los juicios, que se celebrará a las 10.30 horas, el fiscal considera probado que el 26 de marzo de 2007, el acusado --J.L.V.-- movido por un ánimo de enriquecimiento injusto propuso a A.C.M.Z., la posibilidad de invertir alguna cantidad de dinero en los negocios del procesado a cambio de tener beneficios, a sabiendas de que no tenía liquidez en su cuenta corriente.
Lo que hizo, según el fiscal, que la víctima, en la confianza de solvencia económica que aparentaba el acusado, le fuera realizando al mismo pagos, en distintos intervalos de tiempo, que alcanzaron una cuantía total de 55.300 euros, cantidades que no fueron recuperadas por la perjudicada.
De este modo, el Ministerio Fiscal establece que los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de estafa para el que pide un total de seis años de prisión para el procesado.
SEGUNDO JUICIO
En el segundo de los juicios, que se celebrará también este jueves, pero a las 11.00 horas, será juzgado A.F.M., quien el 27 de diciembre de 1996, como representante legal de una empresa mercantil, vendió a C.Z. SA un solar edificable de 15.319 metros cuadrados situado en Alcaudete de la Jara.
Asimismo, el Ministerio Público establece que ya en 2004, J.M.L --quien ya ha fallecido-- promovió una demanda declarativa de dominio de 9.000 metros cuadrados contra C.Z. SA.
En dicho procedimiento, el acusado, según el fiscal, intervino de común acuerdo con J.M.L., allanándose la demanda y declarando como testigo, con intención de engañar al juzgador y "causar un grave perjuicio" a C.Z. SA.
Así, continúa el fiscal, A.F.M. ubicó la finca vendida a C.Z. SA en un lugar distinto al que consta en la escritura pública y que, en realidad, lo constituyen ocho parcelas de suelo rústico, independientes, situadas en taludes y con linderos no coincidentes con los expresados en la escritura de compraventa.
Estos hechos son para el Ministerio Fiscal constitutivos de un delito de estafa por el que pide para el acusado una pena de cuatro años de prisión.
