TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo y portavoz del Gobierno regional, Emiliano García-Page, anunció hoy que la Junta "no va a contribuir" a financiar la representación 'La revelación' de Leo Bassi del próximo sábado en la Escuela de Arte, y recalcó que "como Gobierno ni apoyamos ni apoyaremos nada que contribuya a ofender ningún tipo de creencia, religiosa o de cualquier otro tipo".
"No lo apoyamos en la medida en la que buena parte de la sociedad de esta región, y singularmente de Toledo, se pueda sentir ofendida en sus creencias", dijo en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno el vicepresidente segundo. Así, explicó que, aunque la financiación regional es global en un proyecto, lo que se trasladará es que la Junta no se va a hacer cargo de ninguna factura relacionada con esta representación.
Y además, para quien piense que este es un problema que tiene que ver con las relaciones de poder entre la Iglesia católica y un Gobierno, insistió en que la Junta se haría el mismo planteamiento si se tratara de representantes de una confesión musulmana o judía e incluso si el asunto tuviera que ver con aspectos como racismo, discriminación, igualdad o lucha entre sexos, "nos haríamos la misma pregunta", confirmó.
Así, los servicios de la Dirección General de la Juventud, continuó García-Page, trasladarán a los promotores que "nosotros no apoyamos nada que ofenda a las creencias de nadie" sino que se trabaja para respetar los pensamientos de todo tipo, los cristianos, los que no lo son, los que tienen otra profesión de fe o los que tengan otro código ideológico.
Señaló además que hay quien se plantea, según lo visto en los últimos días, que basta que el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, haya dicho una cosa, para hacerla o para hacer lo contrario. Estos, a juicio del vicepresidente segundo, no deben ser los términos del debate puesto que "no sería justo" ni razonable.
En este sentido, el Gobierno regional está detectando un clima de "tensión social" y una realidad de que "mucha gente se puede sentir ofendida" por una obra y está en la obligación de estudiar esa situación y de planteárselo "con calma" y sin prejuicios, explicó.
Así, la Junta se toma "muy a pecho" la obligación "no sólo de no provocar tensiones sociales, que aquí se han provocado con excesos de todo tipo, sino contribuir, muy al contrario, a un mejor clima de convivencia y de respeto a todo tipo de creencia", afirmó.
CLIMA DE 'TENSIÓN'
En este sentido, explicó García-Page que las actuaciones de carácter privado no tienen porqué ser revisadas con carácter previo por parte de la Administración, aunque lo cierto es que desde que el hecho ha tenido trasladación pública, se ha creado un clima en el que "mucha gente se siente ofendida a priori por lo que esa obra puede representar".
García-Page indicó que uno de los efectos quizás más "perverso" de la polémica de los últimos días es que "hay quién está cosechando una publicidad gratuita añadida e innecesaria". Al respecto, el Gobierno regional, si a algo no quisiera contribuir, dijo, es a una provocación o publicidad innecesaria.
Esto no quiere decir que no haya una posición al respecto, indicó, recalcando una vez más que la posición como Gobierno regional es favorecer la convivencia y el "respeto mutuo de todos los agentes, instituciones o personas que participan o están en nuestra sociedad".
MEDIAR PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO
Por ello, ante la petición por parte de una profesora y varios padres de la Escuela de Artes --donde se pretende hacer la representación-- para que el Consejo Escolar se reúna y evalúe esta posibilidad, si confirmó que la Junta mediará cursando la petición para dicha reunión y que se estudie la situación, respetando la autonomía del Consejo Escolar.
Este Consejo, dijo, es quien "autónomamente puede decidir", como ya lo hizo, sobre esa representación, e insistió en que es quién tiene la potestad para decidir si se hace o no, puesto que la legislación establece que una solución de este tipo corresponde al centro y al Consejo Escolar.
"NO PODEMOS PROHIBIR UNA ACTUACIÓN DE ESE TIPO"
El vicepresidente segundo manifestó que las limitaciones de derechos o la protección del que se considera ofendido en los mismos en un Estado "como el nuestro", no corresponde a los gobiernos y las administraciones públicas, y por tanto, "no podemos prohibir una actuación de ese tipo".
La libertad de expresión es un derecho constitucional, y sus limitaciones no dependen de la Administración pública, y por tanto, el problema "no es si se prohíbe o no se prohíbe", concluyó.
