García-Page augura "tensiones, tiempo y esfuerzo" para el final del trasvase
TOLEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dejó hoy claro que la Junta no emitirá opinión sobre el posible trasvase de 30 hectómetros cúbicos de agua procedente del Alto Tajo para regantes murcianos, mientras no disponga de notificación formal de esta derivación por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
En la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno y preguntado al respecto, García-Page precisó que ni el Ejecutivo regional ni la Administración del Estado tienen por qué conocer las intermediaciones privadas, pero avisó que cualquier decisión respecto de la aplicación del Decreto-ley que autoriza la compra-venta del uso del agua estará sometida a controles "muy estrictos".
Por tanto, adelantó que esperará a que el Ministerio de Medio Ambiente comunique a Castilla-La Mancha esta operación y adelantó que, en cualquier caso, la Comunidad será "muy exigente" a la hora de pedir el cumplimiento estricto de los preceptos que la Ley determina en estos casos. Es más, advirtió de que las circunstancias de sequía prolongada estarán presentes en la opinión de la Junta.
García-Page esgrimió que existe un problema global del uso del agua, con independencia de la sequía, y que el camino que hay que recorrer es el de rechazar los trasvases en general y en concreto el del Tajo-Segura, partiendo de que la solución definitiva a los problemas del agua en Levante "tiene que venir del mar". Con ello, subrayó, "tendremos más deshipotecados los derechos del Tajo".
Recordó que esta posición estará reflejada en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, región que, vaticinó "se va a llevar en muy poco tiempo el gato al agua", al tiempo que insistió en que esta reivindicación estará presente en la opinión fundada de la Comunidad sobre el posible trasvase desde Estremera antes de que se produzca ningún tipo de transacción.
Preguntado hasta en cinco ocasiones por esta cuestión, el vicepresidente reiteró que no habrá opinión de la Junta hasta no conocer la noticia con carácter público, y aclaró que los informes y opiniones de este tipo no son vinculantes hasta el extremo de impedir los trasvases, salvo que de los mismos se deriven aspectos de carácter jurídico, defendibles en los tribunales.
"Tendremos una opinión cerrada, decidida y muy exigente cuando tengamos datos ciertos y conocidos", concluyó sobre esta cuestión.
SITUACIÓN COMPLEJA.
Después, con carácter general, García-Page afirmó que al Ministerio que dirige Cristina Narbona le corresponde administrar una situación compleja que provoca "en no pocos casos" un "conflicto territorial", a veces basado "en el mal uso del agua", y "en unos supuestos derechos históricos sobre el trasvase que también nosotros estamos reclamando".
Esto quiere decir, en su opinión, que "nos va a costar algo de tiempo y esfuerzo, y que vamos a tener que seguir trabajando para que haya un cambio de cultura en el uso del agua en el Levante y para que haya un giro esencial en la política hidráulica".
"Vamos por buen camino, y tenemos razones muy fundadas en derecho y en sentido común, pero hasta el final de este trayecto, habrá tensiones, porque hay mucho cruce de intereses, algunos espurios. Castilla-La Mancha exigirá el cumplimiento estricto de la ley y el final del trasvase", culminó.
