TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado para el próximo año la creación de una Ley Social de la Vivienda que será "potente y provocadora" y que, entre otras cosas, contemplará la obligación tanto de las entidades bancarias como de las grandes inmobiliarias a notificar, antes de que se produzca cualquier "intento de desahucio" por razones sociales, a la Administración regional dicho lanzamiento.
Así lo ha avanzado el presidente regional, en el marco de la firma del acuerdo para la puesta en funcionamiento de la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, donde ha explicado que también se dotará a la administración, por medio de esta norma, de un mecanismo "claro" de intermediación.
"Queremos establecer un derecho que va a impedir que podamos mirar para otro lado" ante este tipo de situaciones, ha defendido el titular del Ejecutivo castellano-manchego, que también ha adelantado la creación dentro de esta Ley Social de la Vivienda o "en un debate aparte en materia fiscal" la posibilidad de gravar fiscalmente a quien acumule vivienda o especula con viviendas vacías.
"No me refiero a los propietarios de dos o tres viviendas, sino al hecho de que miles de viviendas se acumulan en pocas manos y no se saquen al mercado, salvo que el banco sea malo, esperando a que suba el precio mientras hay gente que no tiene casa", ha añadido García-Page.
Para acabar con estas prácticas, el presidente regional aboga por establecer una fiscalidad muy diferente entre lo que es la primera, la segunda y la tercera vivienda. "Ese es un argumento que no abordaremos aquí porque es de legislación del Estado", ha precisado.
De igual modo, ha avanzado que o bien en esta Ley Social de la Vivienda o en la normativa urbanística que también se va a crear, se contemplará la obligación de que las distintas tipologías de vivienda se generalicen por todos los barrios de los pueblos o ciudades de la región, "porque si no tendemos a estancar a la gente en función de la renta".
"Si es necesario crear vivienda para los colectivos más desfavorecidos no puede concentrarse en una misma zona para evitar los guetos sociales. Eso no arregla el problema y sin embargo crea mucho más", ha admitido.
Tras precisar que esto es ahora una consideración general en los planes de ordenación municipal, "vendrá impuesto por ley para que el planeamiento urbanístico lo distribuya".
Por último, García-Page ha asegurado que esta Ley Social de la Vivienda "será provocadora, pero no revolucionaria ni radical" pues con ella pretende "abrir la brecha en el debate social a fin de objetivar derechos que hasta ahora son de segundo grado en la Constitución y que la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado, como es el derecho a la vivienda".
