C-LM cree que al Gobierno de Murcia, en materia hidráulica, "más le valdría echarle un poco menos de cara"

TOLEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró hoy que, en relación al tema del agua, al Gobierno de Murcia "más le valdría echarle un poco menos de cara", ya que "si les dejamos acaban con el Tajo entero".

"Que se dejen de bromas: ni Tajo alto, ni Tajo medio ni desembocadura en Lisboa", señaló García-Page a preguntas de los medios, a propósito de las intenciones hídricas que la Región de Murcia quiere plasmar en su Estatuto.

El también portavoz del Ejecutivo regional recordó que Murcia "tiene muy fácil fijarse en el mar" y en una política alternativa de desalación que "es eficaz", mientras, por el contrario, el Tajo está "en una situación límite y lo necesitamos aquí".

La posición del Gobierno de Murcia, según dijo, cuenta "con el más absoluto y frontal rechazo de Castilla-La Mancha", y por tanto "que se vayan olvidando porque bajo ningún concepto vamos a permitir que toquen un solo centímetro cúbico más del Tajo-Segura".

Además, advirtió que, la ley "se tiene que cumplir a rajatabla" porque "lo peor que le podría pasar a un país es que, además de la irracionalidad en el uso del agua que se hace en Levante, y además de haber estado todo el verano y en plena sequía sin la más mínima conciencia de restricción o racionalización, se incumplan las leyes".

"La ley es clara tiene un sentido y un por qué y la posición de Castilla-La Mancha es tan clara como la limitación que plantea la ley", precisó Emiliano García-Page.

RECURSOS.

También en materia de agua, el responsable del Gobierno autonómico explicó la decisión de la Junta de presentar dos recursos de carácter contencioso-administrativo contra sendas decisiones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que lesionan los intereses hídricos de la región.

Ambas resoluciones se adoptaron el 28 de junio, en un caso aprobando la cesión de derechos de agua entre diversos regantes de arrozales de Hellín y Moratalla y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, para el abastecimiento al Levante; y en otro autorizando a esta misma Mancomunidad a usar recursos hidráulicos de la cuenca del Júcar para paliar el déficit de abastecimiento a municipios de esta Mancomunidad.

Según García-Page, los acuerdos no son sostenibles "ni en la forma ni en el fondo", y recordó, preguntado al respecto, que lo que es legal "no lo decide ni los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas ni la ministra, sino los tribunales", insistiendo en que el Gobierno regional "no va a descansar ni un solo día en defender los intereses de la Comunidad Autónoma".

Castilla-La Mancha, aseguró, "no va a parar hasta que no se modifique radicalmente la política del agua en España", ya que, aunque en esta materia se está evolucionando "mejor que en el pasado" y empezando a ir "en una dirección muy clara", la región va a reclamar ese giro en materia hídrica, aunque sea a través de los tribunales.

PEAG.

De otro lado, a preguntas de los medios sobre la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), el vicepresidente segundo del Ejecutivo autónomo aseveró que las expectativas son "optimistas" y confían en que el documento esté aprobado "lo antes posible".

En este sentido, y aunque no hay una fecha concreta, el camino "va muy bien", según destacó García-Page, quien reveló que el Gobierno de España también "se quiere mojar decididamente" en la materia, incluso --agregó-- con "algunas modificaciones legales".