La nueva Ley de Evaluación Ambiental de C-LM reducirá los proyectos que tienen que ser sometidos a DIA

TOLEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS)

La nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha reducirá los proyectos que tienen que ser sometidos a Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que en muchos casos no es necesario, de tal forma que se agilizará la gestión ambiental y administrativa de los proyectos que se presenten.

Según avanzó hoy el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro --que acompañó, en rueda de prensa al vicepresidente segundo, Emiliano García-Page-- la Ley, cuyo anteproyecto fue tomado ayer en consideración por el Consejo de Gobierno, "se convertirá en un instrumento para garantizar el desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha".

Martínez Guijarro explicó que, desde que se aprobó la ley ahora en vigor, se han tramitado en la región más de 9.000 expedientes de proyectos empresariales, que han sido sometidos a evaluación ambiental, que ahora podrían reducirse en un 40 por ciento, y 975 planes relacionados con cuestiones urbanísticas.

"Queremos que el proceso de evaluación de impacto ambiental no sea un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de esta región, sino una garantía de que los procesos productivos cumplen los criterios ambientales", indicó el consejero quien aclaró que, en muchos casos no es necesario someter a un proyecto a esa Declaración de Impacto.

La nueva Ley que incorpora, además, las distintas modificaciones legislativas y nuevas directivas que han aparecido a lo largo de los últimos años tanto a nivel europeo como nacional; incluye como novedad la validez temporal de dos años para las declaraciones de impacto ambiental, incorpora el silencio negativo, y prevé distintos tratamientos de evaluación ambiental según la naturaleza de los mismos.

Resaltó que tras su paso por el Consejo de Gobierno se solicitará dictamen al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, antes de que el Ejecutivo lo apruebe como Proyecto de Ley y lo eleve a las Cortes de Castilla-La Mancha, "donde llegará con un amplio respaldo", teniendo en cuenta la amplia participación de todos los colectivos sociales de la región en la elaboración del texto y el informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente.