El PP dice que la política migratoria actual ha provocado "la mayor crisis migratoria vivida nunca"
TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS)
El número de personas extranjeras que contaban con tarjeta o autorización de residencia en vigor en Castilla-La Mancha al término del primer semestre de este año ascendía a 91.625, casi 7.900 más que a finales del mes de diciembre de 2005, según avanzó hoy la titular de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio.
Durante un debate en las Cortes regionales sobre las repercusiones de la política de inmigración del Gobierno central y sus consecuencias en Castilla-La Mancha, solicitado por el PP, Valerio explicó que, a finales de septiembre de este año había 67.400 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma, siendo más de 24.000 trabajadores los que han salido de la economía sumergida en la región.
La titular de Trabajo y Empleo destacó el "éxito palpable" del proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno central que, en la Comunidad Autónoma, ha permitido que de las 26.600 solicitudes realizadas --la mayoría de Rumania, Ecuador y Bolivia--, 24.000 trabajadores salieran de la economía sumergida.
Recordó que junto a la Dirección General de Trabajo e Inmigración, este tema se aborda a través de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social --con 136 menores tutelados--, y destacó que en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida específica para políticas de integración, que para las comunidades autónomas supone un incremento significativo de los servicios disponibles.
LA MAYOR CRISIS MIGRATORIA.
Desde el Partido Popular, la parlamentaria María Jesús Bonilla consideró que esta es una realidad "que nos enriquece" cultural, social y económicamente, pero subrayó que "no tenemos capacidad ilimitada de acogida" sino la responsabilidad de garantizar sus derechos, libertades y obligaciones a los que vienen al país.
Bonilla afirmó que la política migratoria del Gobierno central ha provocado "la mayor crisis migratoria vivida nunca en España", y motivado un incremento de la intranquilidad de todos los ciudadanos, extranjeros o no; y acusó del aumento preocupante de la inmigración ilegal al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Respecto a la situación en Castilla-La Mancha, consideró que la Junta no está en sintonía ni con la sociedad castellano-manchega, ni con española o la europea sino "perdiendo el tiempo y el dinero" de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Apostó por poner en marcha medidas transversales e insistió en la necesidad de poner en marcha una Consejería de Inmigración.
La diputada del PP insistió en que "algo no funciona" cuando la inmigración es una preocupación actual para los españoles, y por eso recalcó la necesidad de adoptar otro tipo de políticas como la regulación de los flujos desde la legalidad o la cooperación internacional ya que, a su juicio, Rodríguez Zapatero "creó un problema que ha sido incapaz de gestionar".
POLÍTICA SERIA.
La parlamentaria socialista Paula Fernández, que criticó el "discurso demagógico" de su compañera 'popular', recordó que el de la inmigración fue un problema que dejó el PP en este país poniendo en marcha una "legalización selectiva", algo que contrasta con la política "seria" de normalización del actual Gobierno, que "regula, trabaja e integra".
Al término del debate se aprobó una propuesta de resolución del PSOE, con los votos en contra del PP, que insta al Gobierno a impulsar actuaciones que permitan continuar con la lucha eficaz contra la inmigración clandestina, sobre todo por la presión de Canarias, Ceuta y Melilla; y al Ejecutivo autónomo a potenciar el sistema de acogida de los nuevos inmigrantes.
El PP, cuya resolución fue rechazada con los votos de la mayoría socialista, pedía al Gobierno central la modificación de la Ley de Extranjería para evitar nuevas regularizaciones extraordinarias masivas que generen efecto llamada y que se nombre a un único responsable para estas competencias y que vuelvan al Ministerio del Interior, y solicitaba a la Junta la creación de un departamento concreto para inmigración.
