Las OPA, satisfechas de que Agricultura declare como servicio público la recogida y destrucción de cadáveres de animales

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de la región, COAG-IR, UPA y ASAJA han acogido con satisfacción el decreto que elabora la Consejería de Agricultura que declarará como servicio público la recogida, el transporte y la destrucción de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas de la región.

No obstante las OPA afirmaron no poder valorar todavía esta normativa pues desconocen el contenido de la orden, ya que el documento está en fase de borrador, y no será hasta principio de año cuando entre en vigor.

En declaraciones a Europa Press el responsable de ganadería de COAG-IR, Juan de Dios Berrio, valoró la iniciativa del Gobierno regional de crear un nuevo modelo que sustituya al sistema actual que vendría a mejorar los tiempos de recogida de animales, y que además supondría la rebaja de la cota que en estos momentos pagan por los seguros.

Según el representante de COAG-IR, en algunas zonas la recogida de animales se retrasa más de lo previsto y en esta estación del año no supone problema pero sí en verano, pues el retraso provoca malos olores y la aparición de posibles enfermedades, riesgo que desaparecerá con el nuevo sistema.

"A falta de información sobre la orden, tenemos claro que tendremos que hacer frente a unas tasas que siempre van a ser inferiores a las que ahora afrontamos", aseveró Juan de Dios Berrio.

En términos similares se pronunció el responsable de ganadería de UPA, Alberto Gómez, que expresó su satisfacción porque esta vieja reivindicación del sector finalmente sea una realidad, y la recogida, el transporte y la destrucción de cadáveres de animales sea declarado sistema público.

Pero Gómez instó a la Administración regional a que agilice la tramitación a la hora de poner en marcha el sistema y su gestión, y que se corrijan las deficiencias que presenta el actual seguro agrario.

Mientras, el responsable de ganadería de ASAJA, Eduardo Esteso, señaló a Europa Press estar a la expectativa, porque aún no han tenido reunión con el equipo de Agricultura, "aunque nos adelantaron que el nuevo sistema podría ser gestionado por los ayuntamientos, a través del establecimiento de tasas".

"Lo único que sabemos es que el dinero que le está costando a la Consejería destruir cadáveres es importante y están tratando de aminorar los costes porque hasta ahora la destrucción de ese material de riesgo se está llevando a cabo fuera de la autonomía y se pretende crear un centro de destrucción en la región", indicó Esteso.

"El sector conforme está no puede aportar absolutamente nada, porque además ahora se paga una barbaridad por el servicio, y el ganadero no puede asumir esta carga, a pesar de que sea un seguro realizado por ENESA".

Hasta el momento, son los propietarios de las explotaciones los que semanalmente comunican la existencia de animales muertos a un centro de Ciudad Real, y mientras, guardan los restos en un contenedor habilitado, hasta que el camión que los recoge un camión que pasa tres días a la semana. "Para las ganaderías de mil cabezas --apostilló el responsable de ASAJA-- esto implica un coste de 500 euros, que es imposible mantener".

VACAS LOCAS.

Fue a raíz de la "crisis de las vacas locas", en el 2001, cuando se impuso la obligatoriedad de tener un sistema de recogida de cadáveres para todos los ganaderos, que la consejería de Agricultura puso en marcha con la ayuda del sistema de seguros agrarios, y que viene funcionando desde entonces.

Pero en Castilla-La Mancha existen ciertas dificultades, como la del transporte, dada la extensión de la región, que repercuten en que el coste de este servicio sea más elevado para el bolsillo de los ganaderos.

En la actualidad el Ejecutivo castellano-manchego, aclaró la responsable de Producción Agropecuaria, destina cerca de cuatro millones de euros a la recogida de animales muertos, teniendo que afrontar los ganaderos entre el 25 y el 30 por ciento del coste total, pues esta prestación está subvencionada tanto por el Gobierno regional como por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

Al ser declarado como servicio público, las empresas podrán participar en un concurso de adjudicación de tal forma que si las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha pueden destruir los cadáveres, se reducirá los costes de transporte, y esto redundará en precio menor.