TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Toledo acogerá a partir del próximo martes, día 3 de marzo, la celebración de un juicio con jurado popular, contra un hombre, K.K., de nacionalidad polaca y de 46 años, acusado de un delito de homicidio, tras acabar en 2001 con la vida de la que entonces era su compañera sentimental, M.C.L.M., de 48 años, mediante estrangulamiento, y por el que se enfrenta a una pena de 15 años de prisión.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron, aunque sin fecha determinada en los meses de febrero y marzo de 2001, cuando K.K., después de tener serias desavenencias con la víctima, con la que mantenía una relación desde 1998, la estranguló hasta acabar con su vida.
Posteriormente, introdujo su cuerpo en una maleta y se trasladó en una furgoneta hasta el paraje denominado Venero Rubisco, en el Robledo del Piélago, del término municipal de Almendral de la Cañada (Toledo), donde la enterró junto a un roble en una zona boscosa después de haber excavado un hoyo con la pala que portaba.
A continuación, el acusado se ausentó del lugar de los hechos, encontrándose con agentes forestales. Posteriormente, abandonó el país por la frontera con Portugal para regresar a su país de origen, ya que además se encontraba en situación irregular en España.
El fiscal establece que el acusado no padece ninguna enfermedad mental enajenatoria, por lo que tiene suficiente capacidad de razonamiento para conocer el alcance de sus actos, y pide, además de la pena de 15 años de prisión, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y a indemnizar a los herederos de la víctima en la cantidad de 200.000 euros.
Por su parte, la defensa pide la libre absolución para el acusado y establece en su escrito que la mujer fallecida llevaba un tipo de vida muy peligrosa relacionada con el mundo de la delincuencia, tráfico de personas y drogas, que la hacía relacionarse con personas que "sin duda han sido las que acabaron con su vida". Así, sostiene que se trató de un "ajuste de cuentas" y no una muerte promovida por el acusado.
