Foto: GUARDIA CIVIL
CUENCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación española de Recuperación y Reciclaje ha pedido que se vigile el mercado negro de la chatarra a fin de acabar con los robos de cobre. El presidente de la Federación, Álvaro Rodríguez, ha exigido que se aplique la Ley contra las plantas ilegales y que las sanciones a los ladrones de cobre se impongan en función del daño causado y no de la cuantía de lo robado.
El precio del cobre pasó de 2.500 euros por tonelada en 2005 a alcanzar picos de 7.000 euros por tonelada en 2011 por lo que el material sigue siendo muy codiciado por los ladrones.
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha asegurado que las plantas legales, que están obligadas a presentar un informe diario del material que entra en sus instalaciones, no son las que hacen negocio con el material robado.
Ha afirmado que las responsables de que el robo de cobre siga siendo rentable para los ladrones son las chatarrerías ilegales que surgen habitualmente en los descampados próximos a polígonos industriales, plantas en las que operan incluso mafias internacionales.
"Desde el sector legal podemos impedir que este material pueda llegar a nuestras plantas pero si con la otra mano empiezan a aparecer instalaciones ilegales que blanquean el material robado a estos delincuentes pequeños y cuando tienen 25 Toneladas se ponen de acuerdo con la mafia internacional y lo sacan por el puerto de Rotterdam en Holanda, obviamente, tenemos mucha dificultad para luchar", ha lamentado Rodríguez.
La Federación de Recuperación y Reciclaje ha denunciado a todas las chatarrerías ilegales que detecta. Lo hace además, para evitar a sus asociados tal trámite ya que, según Rodríguez, "si la pusieran los socios se encontrarían con que al día siguiente estos señores que son unos delincuentes que vienen de mundos bastante más oscuros, le pegan fuego a la planta o le hacen cualquier cosa".
A pesar de esto, ha lamentado, se da la paradoja de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden cerrarlas porque las plantas irregulares no tienen licencia. En otras ocasiones, tramitada la denuncia, no hay suficientes efectivos para tramitar la orden de cierre de la instalación.
SANCIONES
Álvaro Rodríguez ha señalado además que la normativa contra el robo de cobre es demasiado "laxa". A su juicio, para los ladrones es rentable sustraer este material porque la cantidad robada habitualmente no supera los 300 euros por lo que no se considera delito.
Así, ha defendido que las sanciones se fijen en función del daño causado en vez de la cantidad de cobre sustraído.
"En el año 2010, la Policía detuvo a 4.000 personas por robar cobre y están todos en la calle porque realmente son ladrones ya que saben que lo que van a robar rara vez supera los 300 euros, aunque hayan hecho un destrozo de 50.000; lo que pedimos es que se les juzgue por el daño producido y no por el valor del material robado", ha precisado.
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