CIUDAD REAL, (EUROPA PRESS)
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha asegurado respetar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el acuerdo aprobado en pleno del 24 de julio de 2014 que privatizó la gestión de la empresa pública Aguas de Alcázar, pero ha alertado del grave impacto económico negativo que puede ocasionar tanto en el Ayuntamiento como en la Empresa Mixta Aguas de Alcázar por su elevado coste.
En nota de prensa, el PP ha defendido que la sentencia se refiere únicamente a aspectos puramente formales en cuanto a la convocatoria del pleno, sin entrar a la valorar el fondo del proceso de adjudicación, el cual se llevó a cabo observando, en todo momento, los preceptos legales y con todos los informes técnicos pertinentes, como obra en el expediente completo de contratación.
"Como se puede observar en la sentencia, ésta hace referencia exclusivamente a la disquisición de si era necesaria mayoría simple o mayoría absoluta para la celebración de la urgencia del pleno de adjudicación", han insistido.
En este sentido, en una primera instancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real se desestimó el recurso interpuesto por Ana Belén Tejado frente al acuerdo de dicho pleno del Ayuntamiento en 2014, han recordado.
El presidente local del Partido Popular, Diego Ortega, alcalde en el momento de la adjudicación, ha indicado que "durante la celebración de dicho pleno no existía ningún informe técnico que advirtiese de la necesidad de una mayoría absoluta para la celebración del mismo, por lo que el pleno se celebró con el fin de llevar a cabo la adjudicación y con ello dar viabilidad a la Empresa de Aguas, garantizando tanto el servicio como la plantilla de trabajadores".
Los 'populares' mantienen que, desde el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, no se ha hecho nada para la remunicipalización de la empresa de aguas en cinco años.
En relación a esta sentencia del Supremo, fue una exconcejal, Ana Belén Tejado, quien interpuso el recurso, instruyéndose un procedimiento en el que ni tan siquiera estaba personado el Ayuntamiento como parte.
"Todo esto indica que el cambio de modelo de gestión que se llevó a cabo en al año 2014 fue beneficioso para la ciudad y para los vecinos, ya que la empresa se encontraba en situación de quiebra técnica con un patrimonio neto negativo y, por tanto, en causa legal de disolución, y al Ayuntamiento no le interesa volver a la situación previa al cambio en el modelo de gestión", han añadido.
Ortega afirma, además, que la remunicipalización de la gestión de la empresa de aguas supondría un "elevadísimo" coste para la economía del Ayuntamiento, además de volver a la situación de quiebra técnica existente antes de la constitución de la Sociedad Mixta de Aguas entre el Ayuntamiento y la empresa externa.
"Esta circunstancia produciría una autentica lesividad para los intereses generales del municipio y de sus vecinos, y supondría un grave problema económico en las cuentas municipales", ha insistido.
Finalmente, desde el Partido Popular han reiterado que una vez constituida y en funcionamiento la Sociedad Mixta Aguas de Alcázar "se ha podido constatar una mejora cualitativa en la prestación del servicio, tal y como reflejan los informes existentes y aprobados por su Consejo de Administración, presidido por la alcaldesa de la ciudad".
