El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez - PP C-LM
TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP aprovechará este martes la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) para pedir a los alcaldes socialistas que se posicionen a favor de la derogación de la Ley de Aguas de la región con el fin de que el canon del agua --suspendido de forma indefinida por el Gobierno regional-- "desaparezca" por completo del ordenamiento jurídico de la región.
Así lo ha anunciado el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, antes de asistir en Toledo a la toma de posesión del nuevo jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, el teniente coronel Francisco Herrera Quevedo.
El vicepresidente de la FEMP, el 'popular' Manuel Borja, y el portavoz del PP en la federación, Israel Pérez, van a exigir al conjunto de los alcaldes de la región que se posicionen a favor de la derogación de la Ley de Aguas y de la anulación del canon por ende. "De momento lo único que hay es un anuncio porque no se ha materializado en ningún tipo de documentación", ha avisado Núñez.
"Una suspensión del impuesto no es la anulación del impuesto", ha aclarado el líder del PP, quien asegura tener "la ligera sospecha" de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el PSOE "lo que quieren hacer es ganar tiempo, ver qué va pasando y mantener el impuesto vivo para pasarlo al cobro cuando le venga en gana", algo que el PP --ha subrayado-- no va a aceptar.
Según ha apuntado, "un nuevo impuesto al agua no se puede permitir en Castilla-La Mancha ni en este momento ni más adelante" y por lo tanto --ha comentado-- "es fundamental" que la Ley de Aguas se derogue y el nuevo impuesto "desaparezca" del ordenamiento jurídico de Castilla-La Mancha.
Tras informar que el PP ha registrado ya una proposición de ley para que se pueda tramitar la derogación del impuesto, el líder de la oposición ha deseado que los alcaldes socialistas de la FEMP apoyen la derogación de un impuesto que, a su juicio, es "confiscatorio" para el conjunto de los castellanomanchegos y es "perjudicial" para los ayuntamientos de la región.