PP tilda de "electoralista y mal planificada" la Ley de Dependencia y asegura que fomenta la desigualdad entre CCAA

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular, María Crespo, calificó hoy de "electoralista y mal planificada" la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, conocida como Ley de Dependencia, y aseguró que ésta no puede considerarse como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, ya que en la actualidad fomenta las desigualdades entre las comunidades autónomas, no garantizando la solidaridad interregional.

Durante el Pleno de las Cortes, reprochó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que en su día invirtiera 10 millones de euros a publicidad y propaganda con el fin de "engañar" a los dependientes con "falsas" promesas y señaló que se está incumpliendo la Ley de Dependencia, ya que a pesar de que se establecía la concesión de prestaciones a los grandes discapacitados, a fecha de hoy todavía no se conoce el número exacto de dependientes que existen en la región.

Según explicó, el grado de cumplimiento de la Ley no es el adecuado, ya que veinte meses después de su aprobación, tan sólo se han emitido un 70 por ciento de los dictámenes en Castilla-La Mancha, quedando 12.800 dependientes sin sus prestaciones. Además, no se ha reconocido ni un solo servicio de teleasistencia, a pesar de las demandas actuales. Desde el PP, apuntaron además que la región es la sexta comunidad que "peor" paga a las residencias, con casi un 72 por ciento de las plazas de titularidad privada.

Para Crespo, se están "frustrando" las expectativas de miles de personas y criticó la falta de dotación presupuestaria para el desarrollo de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, preocupándose por los recortes que se anuncian desde el Gobierno de la Nación, a consecuencia de la crisis económica.

"Están dejando que la gente se muera sin percibir ninguna prestación", exclamó María Crespo, quien aseguró que a los dependientes lo que les importe es cobrar.

Finalmente, recordó que Castilla-La Mancha aportó 42 millones de euros para el desarrollo de la Ley, menos que en otras comunidades, por lo que las prestaciones no serán las mismas. Asimismo, afirmó que el Gobierno regional "maltrata" a los ayuntamientos y paga mal a las residencias y la ayuda a domicilio. "No somos agoreros, no estamos en contra de la sociedad, estamos con los dependientes, no nos fiamos de ustedes, parece que tienen agujeros en las manos, y dejan la caja de las pensiones vacía", concluyó.

Por su parte, la diputada regional del PSOE Matilde Valentín explicó que hablar de la Ley de Dependencia supone hablar de la "gran revolución social" de los próximos años, supone dar cumplimiento a una aspiración legítima de los dependientes y sus familiares, y afrontar uno de los grandes retos de este país, y lo hizo según indicó, un gobierno socialista, haciéndolo con rigor, elaborando primero el Libro Blanco de la Dependencia, y conocer así la estimación de personas dependientes por comunidades autónomas y de cuántos recursos se disponía.

Aseguró que el fenómeno de la dependencia no es nuevo en España y explicó que la mayor parte de las necesidades se concentra en la población mayor, aunque "no tiene edad". En España son las familias y dentro de éstas las mujeres las encargadas de cuidar a las personas dependientes. El 83 por ciento de las cuidadoras son mujeres, mujeres que realizan un trabajo invisible, que no está pagado social ni económicamente, que dedican unas diez horas al cuidado de las personas dependientes. El 64 por ciento ha tenido que reducir su tiempo de ocio.

"DERECHO EXIGIBLE"

Continúo diciendo que los recursos son escasos y desigualmente distribuidos entre las comunidades autónomas, herencia que a su juicio, dejó el ex presidente del Gobierno, José María Aznar.

La Ley de Dependencia, dijo, se trata de un derecho exigible desde el punto de vista administrativo y judicial y significa la solidaridad de toda la sociedad con quienes han construido la España de ayer, solidaridad con los que son más débiles y arrastran esperanza sin límites.

Para Valentín, no todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos están haciendo el mismo esfuerzo en implantar la ley, por lo que pidió a los dirigentes del Partido Popular que den órdenes en los consistorios donde gobiernan para que se vuelquen en la aplicaciones de la Ley de Dependencia y en las comunidades autónomas para que no hagan "desaparecer de un plumazo" las solicitudes, como ha hacho la Comunidad de Madrid. Según Valentín, no entra en la cabeza de nadie que Madrid tenga tres veces menos de solicitudes que Castilla-La Mancha.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró que el Gobierno regional va a defender siempre a los castellano-manchegos por encima de los intereses de partido y no va a dudar en luchar una mejor financiación si es necesario, al mismo tiempo que pidió a los dirigentes del PP que no conviertan la aplicación de la Ley de Dependencia en tema de "confrontación" y se comprometió a mejorarla día a día.

Lamata, que comenzó su intervención agradeciendo el trabajo hecho por su antecesor en el cargo Tomás Mañas, puntualizó que la Ley de Dependencia es una norma importante que viene a generar el cuarto pilar del Estado de la Región y reconoció que en Castilla-La Mancha se ha venido haciendo un tejido de prestación social relevante. Asimismo, el titular de Sanidad y Bienestar Social dijo que la voluntad del Gobierno es incrementar las prestaciones.

El balance de la aplicación de la ley en Castilla-La Mancha, apuntó, es positivo, y permite afirmar que se ha reconocido el derecho a la prestación a un número importante de personas. Recordó que la Comunidad Autónoma tiene más de 13.000 grandes dependientes, que cuenta con la ventaja de que "nuestra red de servicios" tiene la tasa más alta de España. Por último, quiso reconocer que la prestación económica está garantizada en la región, aunque se comprometió hacer un mayor esfuerzo en este punto.

RECHAZO RESOLUCIÓN PP

El punto concluyó con la aprobación de una resolución del PSOE en la se insta al Gobierno regional a mantener a Castilla-La Mancha en la vanguardia de España en ayuda a la dependencia, y el rechazo de otra del PP en la que se insta al Gobierno central a garantizar la estabilidad de la financiación de las prestaciones reconocidas en el desarrollo de la Ley de Dependencia hasta la finalización de su implantación en 2015 y garantizar a que no se traslade la falta de recursos financieros, vía copago al dependiente.

En su resolución el PP también insta al Gobierno regional a establecer un calendario de puesta en marcha de la Ley de Dependencia dando publicidad bianual de las valoraciones de dependencia efectuadas en cada una de las provincias, reduciendo los plazos medios de concesión de las ayudas a la dependencia a, como máximo un mes; y establecer un plan de profesionalización del sector, velando tanto por una adecuada formación del cuidador informal como de la correcta remuneración de los gerocultores que prestan sus servicios en las residencias.