PP rechazará el jueves la proposición de ley del PSOE para que los empleados públicos recuperen las 35 horas

Guarinos en rueda de prensa
PP
Actualizado 17/12/2018 12:34:40 CET

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular votará este jueves en contra de la Proposición de Ley que ha presentado el PSOE para que los funcionarios públicos de la región recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales al no estar de acuerdo con que su trámite sea por el procedimiento de lectura única.

Así lo ha anunciado la secretaria general del Grupo, Ana Guarinos, en rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha argumentado que si el trámite hubiera sido otro, el PP podría haber presentado enmiendas y hubiera podido mejorar esta iniciativa.

Dicho esto, Guarinos ha defendido que los empleados públicos de la región están esperando que las mejoras previstas en el acuerdo marco para la mejora de los empleados públicos alcanzado a nivel nacional se lleven a cabo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Es por ello que ha afirmado que si esta proposición de ley no se hubiera tramitado por el procedimiento de lectura única, el PP hubiera podido presentar enmiendas que complementasen la jornada laboral de 35 horas "con otros compromisos y mejoras" para los empleados públicos.

Para Guarinos, "es evidente" que el PSOE "no quiere que se mejore la situación de los empleados públicos en Castilla-La Mancha" y por eso ha decidido tramitarla por el procedimiento de lectura única "con la complicidad y el apoyo de Podemos", ha criticado.

Del mismo modo, ha alertado de que la iniciativa que el PSOE ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha carece de todo informe jurídico que la avale y que la apoye. "Los empleados públicos están viendo de nuevo como el Gobierno juega con las 35 horas", ha apuntado.

"Si no hay informe no existe garantía ni seguridad jurídica de lo que se hace es ajustado a derecho" y por lo tanto --ha advertido-- pueden volver a ver cómo se repite la situación del año 2016, es decir, que una vez aprobada la iniciativa por las Cortes pueda ser paralizada por el Tribunal Constitucional.