TOLEDO, 9 May. (EUROPA PRESS)
La mayoría socialista en la Comisión de Vivienda y Urbanismo rechazó hoy una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular al IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha 2005-2008, Horizonte 2010, que instaba al Gobierno regional a incrementar la construcción de viviendas protegidas de iniciativa privada.
No obstante, los diputados socialistas aprobaron por mayoría, con la oposición del PP, la resolución que presentaron al IV Plan de Vivienda,, y que finalmente se elevará al Pleno de la Cámara, que recomienda al Gobierno regional que potencie la política de vivienda protegida y de promoción pública, a fin de reducir los tiempos de espera de los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda.
Durante su intervención la portavoz 'popular' en la Comisión, Marina Moya denunció que el IV Plan Regional de Vivienda, a pesar de haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno, llega con un año de retraso, y sin una dotación económica específica para los objetivos que engloba.
Por ello, el Grupo Popular proponía incentivos de 1.500 euros por vivienda a construir para los constructores privados, siempre que al menos el 50% de las viviendas sean protegidas, y más subvenciones adicionales de 750 euros por vivienda de 60 metros mínimo dedicada para jóvenes.
Entre las propuestas de mejora del Plan los 'populares' incluían la necesidad de que ninguna vivienda protegida en la región tenga una superficie menor a los 60 metros cuadrados, que al menos el 20% de las viviendas protegidas se dediquen a alquiler, y que el porcentaje a pagar por la vivienda, tanto en el caso del alquiler como de compra no exceda el 20 por ciento de los ingresos familiares.
Respecto al suelo, el PP proponía que la Junta aportara de forma gratuita los suelos de los que dispone, algo que hará disminuir el precio del metro cuadrado, y que controle los destinos del suelo para evitar la especulación.
Pedían también que la Junta subvencionará el pago de intereses de los préstamos que se soliciten para la adquisición de viviendas cada 6.000 euros, en función de los ingresos de la unidad familiar; que promocione alojamientos para estudiantes, y que los familiares de víctimas del terrorismo, fallecidos en actos de servicio y mujeres maltratadas, aunque sean propietarios de una vivienda, puedan optar a una vivienda protegida.
Por último el Grupo Parlamentario Popular pidió que se ponga en marcha como máximo en tres meses, el programa para la mejora de la gestión y la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda de Castilla-La Mancha.
GRAN ESFUERZO INVERSOR.
Por su parte, la portavoz socialista en la Comisión, Dolores Parra, afirmó que este año el presupuesto del que dispone la Consejería de Vivienda y Urbanismo es uno de los más abultados y ha supuesto un gran esfuerzo inversor por parte del Gobierno.
Dicho esto, manifestó que todo lo que demanda el PP a través de su resolución, "es dar una vuelta de tuerca más" a lo que ya recoge el IV Plan Regional de Vivienda, "que ya nos gustaría alcanzar, pero que tendrá que ser en próximos planes".
Parra aseveró que de momento no se puede reducir más el porcentaje de ingresos que los castellano-manchegos destinan al pago de la vivienda, pues en la actualidad es de un 37 por ciento, y se pretende bajar a un 25 por ciento, frente al 57% que presenta la estadística nacional.
Según la diputada socialista, en relación con otras comunidades autónomas el esfuerzo que el Gobierno regional realiza en materia de vivienda "tensa la goma al máximo" y recordó que el IV Plan de Vivienda beneficiará a 77.000 familias castellano-manchegas, supone la construcción de 50.000 viviendas protegidas, 35.000 de ellas para jóvenes, y la rehabilitación de 15.500 viviendas.
Asimismo, continúo, el IV Plan consolida el modelo de viviendas y barrios bioclimático, y mejora la agilidad y transparencia en la gestión de las ayudas para el acceso a la vivienda, mediante la creación de Ventanillas Únicas y el Registro de Demandantes de Viviendas".
Por último, Parra explicó que en la resolución que finalmente su grupo lleva a Pleno, instan al Ejecutivo regional a que se reserve al menos el 30 por ciento de las viviendas de con algún tipo de protección pública a los jóvenes, y el 5% a los discapacitados, y que también se beneficien las mujeres maltratadas y familias con ingresos bajos.
También piden a los ayuntamientos que cedan suelo de titularidad municipal para la construcción de viviendas, y al Gobierno de España que ceda suelo, de forma coordinada con la comunidad autónoma y los ayuntamientos de la región.