PSOE de Toledo pide convocar la Comisión de Economía tras la sentencia sobre Personal porque puede haber prevaricación

Actualizado: viernes, 7 abril 2006 16:54

Insiste en pedir que los convenios firmados por el alcalde con promotores privados sobre suelo se sometan a información pública

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Alejandro Alonso, pidió hoy la convocatoria urgente de la Comisión de Economía y Personal del Ayuntamiento para analizar la situación tras conocer el PSOE un fallo del TSJC-M que anula decisiones que afectan "a todo el personal del Ayuntamiento", y que va acompañada de un auto que ordena el traslado de la Sala de lo contencioso a la de lo Penal al entender que "puede haberse cometido un delito de prevaricación".

En rueda de prensa, Alonso dijo que este tema es "muy grave" y el alcalde, José Manuel Molina, y la portavoz municipal, Natalia Tutor, lo "han escondido", y pidió asimismo que se encargue "inmediatamente" un informe jurídico del alcance de la sentencia y se den soluciones a esta "gravísima situación".

Lo que ha hecho el equipo de Gobierno, a juicio de Alonso, "es una auténtica chapuza" que se demuestra por la sentencia del TSJC-M que acuerda la anulación de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de febrero de 2002 por los que se aprobaban las normas que regulan las condiciones y retribuciones del personal dependiente del Ayuntamiento.

En este sentido, y tras señalar que la situación ya es "grave de por sí", indicó que lo es aún más que la sentencia va acompañada de un auto que ordena el traslado de la Sala de lo contencioso a la de lo Penal, explicó, al entender que "puede haberse cometido un delito de prevaricación" por tomarse "una decisión a sabiendas de que se estaba adoptando una decisión claramente ilegal".

A juicio de la sala, prosiguió, la actuación municipal presenta trazas de constituir la infracción criminal tipificada en el artículo 404 del Código Penal que castiga a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

Dijo que en el auto se cita "con nombre y apellidos" al alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y se señala que "personalmente demuestra tener pleno conocimiento de las resoluciones dictadas por esta Sala y por el Tribunal Supremo en el oficio de 9 de mayo de 2002", y por eso, consideró Alonso que lo que ha ocurrido es que Molina ha tomado una decisión "exactamente igual a otra anteriormente anulada por el TSJC-M y ratificada en el Tribunal Supremo" y esta es "la forma en la que se trabaja en el Ayuntamiento de Toledo".

POM

De otro lado, y sobre el Plan de Ordenación Municipal (POM), Alonso insistió en solicitar que los convenios urbanísticos que ha firmado el alcalde con distintos promotores privados sobre suelo sean sometidos a información pública, ya que si no lo acepta estará cometiendo una ilegalidad, y desde el punto de vista personal "está permitiendo que alguien pudiera pensar que ha acordado con promotores" algo que no se atreve a contar públicamente.