La Sindicatura de Cuentas insta a un riguroso análisis de las órdenes de convocatoria de subvenciones de la Junta

TOLEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS)

El síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, instó hoy a realizar un "riguroso análisis" de las órdenes de convocatoria de subvenciones del Ejecutivo regional para que los criterios de selección, documentación y la justificación "no planteen dificultades o ambigüedades".

Durante su comparecencia en las Cortes regionales, para dar cuenta del informe de fiscalización de la Sindicatura en relación a la cuenta general de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2003, Cabezas de Herrera destacó las subvenciones, junto al capítulo de contrataciones, entre las "salvedades" observadas al cumplimiento de la legalidad que reina en general durante ese ejercicio.

Según comentó, de manera global no se han detectados infracciones, abusos o presuntas irregularidades, aunque, en el caso de las subvenciones, consideró que deberían adecuarse "en todos sus extremos" a la normativa general, reforzarse su control interno y verificar que se reúnen todos los requisitos exigidos.

Además, el síndico apostó por crear un Registro de Subvenciones "para facilitar la planificación y seguimiento de actuaciones de control", y por realizar un seguimiento de las incidencias y el reintegro de las cantidades no justificadas.

De otro lado, en cuando a los contratos, se auditaron 103 expedientes, de los que 74 corresponden a 2003, 15 de modificación de contratos y 14 de expedientes de ejercicios anteriores que permanecían en ejecución ese año. Entre las incidencias, Miguel Ángel Cabezas de Herrera destacó que se continúe utilizando el procedimiento extraordinario de urgencia por parte de algunas Consejerías "con relativa frecuencia".

Así sucede en un 50 por ciento de los expedientes tramitados por procedimiento negociado en la Consejería de Bienestar Social, en un 30 por ciento de la muestra realizada en el departamento de Educación y Cultura; y en el 40 por ciento de los contratos de obra de la Consejería de Obras Públicas, Educación y Cultura, Agricultura y Medio Ambiente y Administraciones Públicas, en los que no se efectuó el anuncio previsto.

En cuanto a las incidencias detectadas en los pliegos de cláusulas administrativas, el 16 por ciento de los tramitados por Obras Públicas recogen un "excesivo margen de discrecionalidad"; en el 50 por ciento de los pliegos de contratos de Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente se recogen méritos que se refieren a capacidad y solvencia "lo que no debe ser tenido en cuenta" y el 71 por ciento de los concursos no establece la metodología.

ENDEUDAMIENTO.

Por otra parte, señaló que, durante el ejercicio 2003, la Junta de Comunidades respetó la normativa relativa al endeudamiento, realizando un gasto "muy inferior" al establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aunque sí destacó que en la documentación no consta la relación de aspectos a financiar con la deuda pública.

En este punto, Cabezas de Herrera reconoció que la deuda pública "prácticamente se la quitan de las manos" al Ejecutivo regional, debido a los altos niveles de 'rating' de los que goza la Comunidad Autónoma.

Explicó que el presupuesto de ingresos del ejercicio 2003 ascendió, sin contar el fondo de Cooperación municipal, a 5.459 millones de euros, ejecutándose un 95 por ciento de las inversiones previstas, mientras el gasto se incrementó un 17 por ciento respecto al año 2002.

El síndico de Cuentas también se refirió a la fiscalización realizada en organismos autónomos como el Instituto de la Vid y el Vino, donde el grado de ejecución fue del 104 por ciento; el Instituto de Estadística, donde el grado de ejecución fue del 63 por ciento por ser "el primer año de funcionamiento"; y el Instituto de Promoción Exterior, con alcanzó un grado de ejecución superior al cien por ciento.

En este apartado se incluye el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) --cuya fiscalización, en próximos ejercicios, realizará un auditor en exclusiva, según anunció-- que en 2003 logró un superávit de 725.000 euros.

No obstante, la Sindicatura detectó que en el 50 por ciento de los contratos del Servicio de Salud examinados, los pliegos de cláusulas no establecían metodología, por lo que el síndico, que sí advirtió en un mayor control interno en los servicios centrales del SESCAM, aseveró que no sucede así en sus servicios periféricos.

LAS MISMAS DEFICIENCIAS.

Tras la intervención del Miguel Ángel Cabezas de Herrera, el portavoz de Economía del PP, Miguel Ángel Monserrat, lamentó que, un año más, las cuentas sean iguales y el síndico "no tiene más remedio que decir lo mismo" porque "se siguen cometiendo las mismas deficiencias" por parte de la Administración regional.

El diputado del PP reconoció, no obstante, que la Junta de Comunidades ha hecho caso de algunas de las recomendaciones "aunque el año pasado decía que no había que cambiar" nada, lo que, en su opinión, demuestra una "actitud de prepotencia" por parte del Ejecutivo autónomo.

Monserrat aseveró que a su Grupo Parlamentario le gustaría que las alteraciones en el cumplimiento de la legalidad vigente "se acabasen de una vez" y recalcó, como en otras ocasiones, la necesidad de cambiar la Ley de la Sindicatura para modificar algunas cuestiones.

Por parte del PSOE, el parlamentario Antonio Guijarro agradeció el papel de la Sindicatura y su titular para aplicar con más eficiencia los organismos de control que tiene asignados.