ALBACETE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ausencia de uno de los Policías Nacionales que debían declarar y de los dos rumanos ilegales que denunciaron los hechos ha sido el motivo por el que se aplazó hoy el juicio previsto en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete contra E.P.A., por dos delitos de proposición de secuestro y otros dos de proposición de lesiones contra C.A.S., contratado por el primero para secuestrar y agredir a J.C.G.O.
El juicio se celebrará después del verano, probablemente en el mes de septiembre, según informaron las partes a los medios de comunicación dando a conocer la decisión.
Por estos hechos, el Fiscal solicita en su escrito de acusación una pena de 12 años de prisión para E.P.A. (tres años por el delito de detención ilegal, otros tres años por la proposición de cometer el delito de detención ilegal y seis años por el delito de proposición para la mutilación genital.
Por su parte, el abogado de J.C.G.O. solicita 10 años de prisión "cinco por cada proposición de delito, la del 19 de junio de 2006 y la del 12 de julio de 2006" alegando que el principal acusado "ha sido propositor y la proposición de los delitos está igualmente penada que la comisión", manifestó el letrado Luis Moya.
Añadió, además, que "desde la ruptura de la relación y hasta los primeros hechos mi defendido sufría llamadas telefónicas y amenazas" lo que le motivó que haya tenido que estar en tratamiento psicológico por sufrir de estrés post-traumático. "Mi defendido nunca denunció, quizá fue su error y estuvo a punto de costarle la vida", sentenció Moya.
La defensa del acusado, a cargo del letrado Antonio Núñez-Polo, insiste en que solicitará la "libre absolución" de su defendido porque "estamos convencidos de la inocencia de nuestro cliente y creemos que no hay pruebas sólidas suficientes", señaló en declaraciones a Europa Press.
Al preguntarle por la validez que dan a la denuncia formulada por los rumanos, Núñez Polo afirmó que "no damos ninguna validez a esa denuncia", alegando que "efectivamente, en el maletero se encontraron efectos pero no eran suyos y así se demostrará en el transcurso del juicio".
En cuanto al segundo acusado, C.A.S., el Fiscal solicita para él seis años de prisión, tres por el delito de detención ilegal y otros tres por delito de robo, además de una multa de 12 meses con cuota de 18 euros por la falta de lesiones. Su defensa, el abogado José Joaquín Ramón, manifestó que su defendido reconoce los hechos. Esto, según planteó el abogado Luis Moya a los medios tras dictaminarse el aplazamiento, habría supuesto que se haya llegado a un acuerdo entre defensa y Ministerio Fiscal "pero no podrá ser ratificado hasta que no se celebre el juicio".
LOS HECHOS
Los hechos se remontan al 19 de junio de 2006 cuando el principal acusado, E.P.A., queriendo vengarse del que había sido su pareja, contactó con dos hombres, uno de ellos el segundo acusado, C.A.S., a los que encargó que le dieran una paliza facilitándole los datos personales y costumbres.
Incluso les llegó a facilitar los útiles con los que deberían realizar su acción tales como pasamontañas, bolsas para ponérselas en la cabeza a la víctima y prestándoles incluso su coche y les dio 1.000 euros como pago por la paliza que le iban a dar al que había sido su pareja.
Para llevar a cabo el encargo los dos hombres contratados para ello se desplazaron a las puertas de un gimnasio en las inmediaciones del campo de fútbol donde sabían que estaba su víctima, a la que asaltaron nada más salir, aunque no lograron su propósito ante los gritos y la resistencia del asaltado, pero le causaron varias lesiones de carácter leve y le arrebataron cinco gramos de cocaína que llevaba.
Los dos hombres huyeron del lugar y se dirigieron hacia un centro comercial de la localidad alicantina de San Juan donde uno de ellos falleció como consecuencia del consumo de cocaína.
Tras el fracaso de su primer intento el acusado, E.P.A., mantuvo su propósito de atentar gravemente contra la integridad de su ex pareja, por lo que pocos días después, el 12 de julio de 2006, se dirigió hacia dos ciudadanos de nacionalidad rumana, que residían ilegalmente en España, a los que también les expuso su plan.
BUSCAR A LA VÍCTIMA EN EL GARAGE
El acusado había previsto que los dos ciudadanos rumanos robaran un coche y se reunieran con él para que les facilitara, como en la ocasión anterior, los utensilios para llevar a cabo su acción. Su idea era que buscaran a la víctima a la salida de su garage y le dieran un golpe para dejarlo inconsciente para atarlo de pies y manos y, tapándole la boca, introducirlo en el coche que previamente habían robado.
Posteriormente deberían acudir junto al Cementerio Municipal donde deberían desnudar al detenido y romperle las rodillas y los codos con piedras y cortarle el pene para echarle alcohol en la herida, al tiempo que le quemaran con cigarrillos en la cara y en el pecho. Pretendía que echaran cocaína sobre su cuerpo antes de abandonarlo para que pareciera un ajuste de cuentas por drogas pero eso sí, procurando que antes de dejarlo sufriera lo más posible.
El acusado se comprometió a entregar 2.000 euros a los dos hombres cuando cumplieran su cometido. Tras contarles el plan les llevó en su coche al domicilio de la víctima (del que les enseñó una fotografía), al cementerio y al lugar donde se deberían reunir con él.
Finalmente, a los dos rumanos les asustó llevar a la práctica el plan por lo que decidieron acudir a la policía relatando lo sucedido momento en el que los agentes dispusieron de un operativo de seguimiento al acusado que fue localizado poco después en su vehículo (el mismo que había prestado a los primeros asaltantes).
En el coche llevaba los 2.000 euros, dos guantes, dos tubos de pegamento, acetona, tres cajas de guantes, un bote de gasolina, un cuchillo de sierra de 10,5 centímetros de hoja y una bolsa con 15 gramos de cocaína.
