Los 27 se inclinan por dejar que un millón de firmas de al menos 9 países pueda proponer iniciativas legislativas

Actualizado: miércoles, 13 enero 2010 20:56

La iniciativa legislativa popular, que introduce el Tratado de Lisboa, debe desarrollarse a través de un reglamento

LA GRANJA (SEGOVIA), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos de la UE se inclinan por permitir que un millón de firmas procedentes de al menos nueve Estados miembros puedan sugerir a la Comisión Europea que presente una propuesta en las políticas competencia de la Unión, según ha anunciado hoy el secretario de Estado para la UE de España, Diego López Garrido, cuyo país asume este semestre la presidencia de turno europea.

"La mayoría" de miembros del Consejo ha manifestado su preferencia a establecer en "un tercio" el número mínimo de países a los que debe pertenecer el millón de europeos que quieran pedir al Ejecutivo comunitario una propuesta legislativa concreta, precisó López Garrido en rueda de prensa al término de la primera jornada de debate que celebraron los ministros y secretarios de Estado encargados de asuntos europeos en La Granja (Segovia) y que constituye la primera reunión ministerial -aunque con carácter informal-- de la presidencia española de la UE.

Los representantes de los Veintisiete, que ayer celebraron una cena en el Parador de La Granja, comenzaron a debatir hoy los aspectos técnicos del reglamento que desarrollará la iniciativa popular legislativa, una novedad que introduce el Tratado de Lisboa, ya en vigor.

Tras precisar que a la presidencia española, tanto la opción de un tercio -que apoya la Comisión Europea-- como la de un cuarto de Estados miembros por la que se inclina el Parlamento Europeo le parecen "razonables", precisó que las mayores diferencias entre los Gobiernos europeos se centran en cuándo debería considerarse "admisible" una iniciativa ciudadana.

López Garrido detalló que algunos ministros advirtieron del riesgo de un "posible abuso de esa técnica", por lo que se produjo un debate intenso sobre qué hacer ante una iniciativa "manifiestamente ilegal, disparatada o que esté en contra de los valores de la Unión", si se debe rechazar antes o después de que consiga el millón de firmas mínimo para dirigirse a la Comisión.

El secretario de Estado se mostró a favor de "evitar los abusos o la desnaturalización" de la iniciativa y subrayó que "en general", el resto de socios ha dado un "apoyo clarísimo" a que "se desarrolle lo antes posible", como quiere la presidencia española.

Para que esta iniciativa sea una realidad, La Comisión tiene que presentar una propuesta al Consejo para su aprobación que deberá contar, además, con el visto bueno del Parlamento Europeo. El Ejecutivo comunitario mantiene abierta una consulta hasta el 31 de enero para lograr la mayor participación de los ciudadanos en esta ciudadanía, que pretende ahondar también en el concepto de ciudadanía europea.

Precisamente sobre este concepto que se achaca al ex presidente del Gobierno español Felipe González los ministros para Europa escucharon una ponencia del propio González, cuyo contenido no ha trascendido.

SERVICIO EXTERIOR

Los ministros también hablaron de la puesta en marcha del Servicio Exterior de la Unión, otra novedad que introduce el Tratado de Lisboa, y que los Gobiernos de la UE quieren que respete el "equilibrio geográfico e institucional", y, en concreto, que un tercio de sus funcionarios procedan del Consejo, otro tanto de la Comisión y el mismo porcentaje de los Estados miembros, relató López Garrido.

Los Gobiernos europeos coinciden, añadió, en que este servicio tiene que servir como "apoyo a una gran coordinación política de las instituciones europeas" y estar al servicio de "la voz única de la Unión en el exterior". López Garrido recordó que existe un grupo de trabajo, presidido por la Alta Representante de Política Exterior, Catherine Ashton, y en el que hay dos funcionarios españoles, que preparan el documento que estructurará el servicio exterior y que en su momento, en principio antes de finales de abril, elevarán al Consejo.

En el debate de hoy, algún país miembro ha planteado que la acción consular que puedan llevar a cabo las Embajadas de la UE tenga "carácter voluntario", según López Garrido.

Por otra parte, todos los ministros apoyaron durante el debate que la UE como institución firme el Convenio Europeo de Derechos Humanos e inicie "lo antes posible" las negociaciones pertinentes con el Consejo de Europa para ello, ya que esto implica cambios en los estatutos de esta organización, distinta de la UE.

También hablaron de cómo desarrollar la cláusula de solidaridad que establece el Tratado de Lisboa para que los Estados miembros se presten ayuda mutua en caso de ataque terrorista o catástrofe y trasladaron su solidaridad al pueblo de Haitó tras el terremoto.

ESTRATEGIA ECONÓMICA

Los ministros continuarán sus debates mañana, cuando se centrarán en intercambiar las primeras impresiones sobre la nueva estrategia de crecimiento económico y de creación de empleo para los próximos 10 años (Europa 2020), que ha sido objeto de polémica en el arranque de la presidencia española de la UE, después de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se mostrase favorable a la adopción de "medidas correctivas" para aquellos países que no cumplan los objetivos fijados, una opción que el ministro alemán de Economía, el liberal Reiner Brüderle, rechazó rápidamente.

Según precisó ayer el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, España defenderá ante sus colegas europeos dotarse de medidas que estimulen el cumplimiento de los objetivos de la futura estrategia europea para el crecimiento y la creación de empleo, pero descarta por el momento plantear "medidas concretas" para exigir el logro de esas metas.

Entre las medidas de estímulo de las que puede empezar a hablarse, se refirió a la posibilidad de que se permita el uso del Fondo Social Europeo para subvencionar la formación de trabajadores.

Fuentes de la presidencia española también han mencionado como otra posible medida de estímulo abrir excepciones a la prohibición general en la UE de recurrir a las ayudas de Estado cuando éstas sirvan para cumplir los objetivos que fije la nueva estrategia económica y esto se haga bajo la vigilancia de la Comisión Europea.

López Garrido será el encargado de informar a las 11:30 horas del jueves en rueda de prensa de los resultados del encuentro, que, al ser informal, no terminará con la adopción de unas conclusiones escritas.